Redacción El Piñero
Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha dado a conocer un preocupante informe sobre la Cuenta Pública 2023, que señala un daño patrimonial superior a los mil 699 millones de pesos. La auditora general, Delia González Cobos, presentó estos resultados ante el Congreso de Veracruz, destacando que este hallazgo plantea serias interrogantes sobre la gestión de recursos públicos en el estado.
Según el informe, se han realizado reintegros por 100 millones 738 mil 669.46 pesos, con 100.3 millones proveniente de 168 ayuntamientos y 16 entes estatales que devolvieron 372 mil 471.61 pesos. De la cifra total de daño patrimonial, 280 millones corresponden a los poderes del estado, mientras que los ayuntamientos enfrentan un total de mil 344 millones.
Las principales irregularidades se centran en la falta de comprobación en el uso de recursos destinados a obras, con sospechas de desvío de fondos para campañas electorales. González Cobos advirtió que estas observaciones requieren aclaraciones urgentes de las dependencias involucradas, enfatizando la necesidad de que la actual administración entregue documentación completa antes de su conclusión.
De los 212 ayuntamientos en Veracruz, 179 reportaron daños patrimoniales, lo que subraya un patrón alarmante en la gestión pública local. Además, se identificaron casos de uso indebido de recursos en procesos electorales, lo que añade una capa de complejidad a la rendición de cuentas.
El informe detalla que entre las dependencias con mayores daños se encuentran la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entre otras, sumando un total de 67 millones 603 mil 971.35 pesos en irregularidades. En el ámbito municipal, se han señalado deudas y obligaciones no cumplidas en siete municipios, que en conjunto representan 68 millones 408 mil 902.47 pesos.
La auditoría también incluye un presunto daño patrimonial en la Universidad Veracruzana por 4 millones 652 mil 538.19 pesos, y destaca inconsistencias en organismos públicos descentralizados, como el Colegio de Veracruz y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
La presentación del informe no solo es un llamado a la acción para corregir las irregularidades detectadas, sino también un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Con la ley permitiendo hasta siete años para revisar los casos pendientes, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
