Redacción El Piñero |
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron, a través de un reciente informe de monitoreo en comunidades indígenas del país, que la falta de médicos que atiendan la enfermedad de la COVID, así como de campañas de salud insuficientes por parte de los gobiernos, la precarización y situación de vulnerabilidad de los pueblos se acrecentará durante la emergencia sanitaria impactando en la calidad de vida de las personas.
El informe es el resultado de encuestas realizadas en 42 comunidades ubicadas en 13 estados del país. El informe da cuenta de aspectos de la situación de salud y las necesidades de las comunidades en la emergencia sanitaria y que pueden afectar a las comunidades.
Entre estos, aspectos se analiza la problemática del acceso al agua, el arribo de personas a las comunidades, la edad adulta de gran parte de la población, el nivel de desnutrición de niños, o sobrepeso y obesidad entre hombres y mujeres, el poco acceso a fuentes de información con respecto a la situación sanitaria.
Asimismo, refleja la situación económica porque la mayoría de las personas ha dejado de trabajar o mantienen un trabajo inestable, con el panorama de acceso y seguridad alimentaria, además de recabar denuncias sobre posibles violaciones a los Derechos humanos de los pueblos.
Entre los datos que arroja el documento, destaca que más del 75 por ciento de los participantes refiere que no hay médicos que atiendan COVID en sus comunidades, el 6.98 % no sabe si hay y solamente el 16.28% refiere que sí hay médicos atendiendo COVID en sus comunidades. Además, resalta que los habitantes no tienen conocimiento certero de las personas vulnerables para la COVID dentro de sus comunidades.
Existen una serie de condiciones estructurales en las comunidades que denotan la ausencia del estado, lo que se traduce en falta de centros de atención COVID, “esto se convierte en una posible violación a los derechos humanos, con base en los Instrumentos Internacionales de los que México es parte, y en los términos del artículo 4to de la Constitución mexicana y la ley general de salud”, se señala.
Aunque cada vez más los pueblos implementan medidas de aislamiento, es notorio que no se ha adoptado como una medida generalizada de prevención. Así se advierte que “la dinámica de los contagios se prevé que en las siguientes semanas las comunidades se vean más afectadas”.
Las clínicas localizadas se encuentran lejos de las comunidades. Por ello, “Hay poca claridad de los impactos que tienen las medidas gubernamentales, pues muchas comunidades tienen que desplazarse varias horas para acceder a los hospitales del programa IMSS-Bienestar”.
Por ejemplo, mediante los monitoreos se observó que las clínicas COVID se localizan, en su mayoría, hasta máximo 2 horas de sus comunidades en un 54.35 % de los encuestados, en menos reflejan que las clínicas COVID se localizan hasta 5 horas lejos de su comunidad.
En este monitoreo se corroboró que cuando hay personas capacitadas en la atención a pacientes con COVID-19 las comunidades expresan estar mayor y mejor informadas y, por lo tanto, cuentan con mejores medidas preventivas, sin embargo, documentaron que esa no es la situación de la generalidad de las comunidades.
Este informe también busca ser un llamado de atención sobre las consecuencias de no atender a estas comunidades, pues destacan que si bien, hasta hoy los epicentros de contagios se encuentran ubicados en las zonas urbanas, debido a la dinámica de movilidad de las personas y la alta capacidad de contagio del virus SARS-COV-2 es probable que en las próximas semanas se den brotes comunitarios y contagios masivos.
Dicho informe lo trabajan las organizaciones de la sociedad civil Serapaz, TLACHINOLLAN, SADEC, FRAYBA, ENLACE, FUNDAR, AURA, CCESC y EDUCA, quienes llevan a cabo un monitoreo de la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en comunidades indígenas y equiparables con las que realizan labores de acompañamiento en diversas temáticas.
