Por: Eugenio GONZÁLEZ |RETRATOS

Oaxaca, México.- La estancia de hombres, mujeres y niños del campo en esta ciudad capital no es gratis. Y menos abanderando una organización social, como CODEP. La simple lógica establece que existe un oscuro financiamiento para poner al pueblo contra la pared y buscar intereses más allá de las necesidades que dicen atacar.

El secuestro de camiones, la estrangulación de las vialidades, ataques a una sociedad civil que se ve acorrolada entre filosos machetes y agitadas manifestaciones, no son las prácticas de una organización social que busca aliviar su sed de justicia. Al contrario, violenta, azuza y quebranta la Ley, buscando en la respuesta oficial, la represión.

Son tres días de radicales protestas, aglutinadas por mujeres y niños que son utilizados como carne de cañón, expuestos a todos los males de la intemperie, aún más cuando existe una pandemia en nuestros aires. Quienes los controlan, solo exhiben desmedidos apetitos personales, condenándolos a una sumisión increíble y alejada de cualquier respiro de auxilio.

Pero no hay que descubrir el hilo negro para saber quien aviva este incendio social, donde se evidencian sin mostrar los rostros personajes que buscan, a toda costa, el poder que por años han tenido y que, frente a una próxima sucesión gubernamental, intentan mantener.

Para nadie es un secreto, por ejemplo, que Salomón Jara ha juntado, desde el Senado, presidentes obedientes a sus causas, quienes le dan facilidades y financian acciones que abonen a su proyecto. Igual, igualito que Benjamín Robles Montoya, popularmente conocido como “El Cara Sucia”.

Ambos, en este transitorio contexto, le apuestan a la recaudación de dinero, favores y lealtades. Actúan como cárteles, disputando territorios, incendiándolos, provocando guerras internas a fin de ganar la sumisión de pueblos que les favorezcan en sus aspiraciones personales.

Y sin elucubrar más allá de lo lógico, acciones tan radicales como las protestas de CODEP podrían tener una firme conexión con esos intereses, máxime que quienes lo mueven tienen hilos muy identificados con grupos y tribus del añejo perredismo, hoy mutados en Morena y PT. Y que tienen al pueblo de los Valles Centrales sujeto a su escandalosa rebelión.

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| DETRÁS DE LA NOTICIA * Alfredo Martínez de Aguilar|

* Evo Morales era jefe de un cartel de Narcotráfico, él controlaba todo ese negocio, era el presidente de las 6 federaciones cocaleras del chacal, le vendía cocaína al cártel de Sinaloa a 2500$ el kilo, cuyo jefe era el Chapo, revela David Beriain. 
* Carlos Loret de Mola revela en su columna Historias de Reportero que quien dio la instrucción para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y heredero del cártel de Sinaloa, fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia ha dado un giro global altamente preocupante al denunciarse sus nexos con el narcotráfico de Bolivia y del cártel de Sinaloa en México, y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

En marzo de 2015 el ex ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, confirmó que Jesús Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, viajó a la ciudad oriental de Santa Cruz en 2011, donde asistió a una escuela de aviación.

Con la complicidad de funcionarios incluyendo al ex Comandante General de la Policía, Oscar Nina, quien fue detenido, se reunió con miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Por otro lado, las violaciones a las convenciones internacionales de asilo por el activismo conspirativo del ex presidente boliviano desde México obligará muy pronto a la intervención de la OEA, lo que provocará un conflicto diplomático internacional innecesario.

El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, califica de inaceptable el supuesto audio del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.

“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.

Bolivia presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra Evo por crímenes de lesa humanidad, con base en el video en el que ordena dejar sin alimentos a varias ciudades.

El gobierno de Bolivia presentó ya una “protesta formal” ante México por las manifestaciones de Evo Morales que a juicio de La Paz “contravienen” su condición de asilado político.

Bolivia expresó a México, además, “su profunda molestia” por permitirle al expresidente efectuar declaraciones que evidencian su “actividad conspirativa” contra el gobierno de Jeanine Áñez.

Ello se agrava con la probable vinculación de Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad, con el Cartel de Sinaloa al ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán.

Ambas circunstancias abren la puerta en México a una mayor injerencia de las agencias de seguridad norteamericanas, DEA, CIA y FBI, máxime que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, denuncia actos de narcoterrorismo, aunque lo niegue la secretaria de Gobernación.

Lo mismo ocurrirá con la demanda de los legisladores del PAN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a la Constitución, por la ilegal imposición de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.

La permanencia de la ombudsperson impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es insostenible por el rechazo de los gobernadores del PAN a sus recomendaciones, a los que sumará el de otros mandatarios de partidos de oposición.

La estrecha relación entre los narcotraficantes bolivianos y mexicanos, principalmente con el Cártel de Sinaloa, salió a la luz con el trabajo del periodista español David Beriain, quien logró pasar más de tres meses infiltrado en el cártel del Chapo Guzmán.

Beriain, quien ha sido corresponsal de guerra en Irak, Afganistán y Libia, documentó lo que ocurre al interior del Cártel de Sinaloa. Fue casi un año entero dedicado al proyecto que se transmitió en tres capítulos del programa Clandestino, por Discovery Channel.

«Evo Morales era jefe de un cartel de Narcotráfico, él controlaba todo ese negocio, era el presidente de las 6 federaciones cocalera del chacal, le vendía cocaína al cártel de Sinaloa a 2500 dólares el kilo, cuyo jefe era el Chapo». 

“El negocio real del cártel es la traída de la cocaína desde los países productores, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Culiacán, Sinaloa”, dijo Beriain en una entrevista con el diario estadounidense Huffington Post.

En Bolivia, el kilo de cocaína cuesta dos mil 500 dólares. Cuando llega a México el costo es mucho más alto, 17 mil dólares, y una vez puesta en Estados Unidos o en Europa el precio aumenta dramáticamente.

El periodista peruano Jaime Bayly señaló que Evo Morales, había hecho negocios durante años con Joaquín “El Chapo” Guzmán y que eso provocó una cierta bonanza económica en el país del “corazón de América del Sur”.

“Hay que ver la plata que se ha ganado Evo con narcotraficantes mexicanos durante casi 14 años, ¿dónde la tiene escondida?”, dijo al portal Infobae.

La investigación periodística de David Beriain, no hace más que confirmar la fundada presunción que el dinero sucio o lavado del narcotráfico financia el populismo de los gobiernos socialistas en América Latina y el Caribe, destacadamente en Cuba y Venezuela.

Esa presunción fundada se hace extensiva al caso de México en el que Carlos Loret de Mola revela en su columna Historias de Reportero que quien dio la instrucción para liberar a Ovidio Guzmán fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad presuntamente vinculado al Chapo Guzmán.

Al mismo tiempo, complica el estatus de asilo otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se agrava al llamar a la violencia, sedición y terrorismo en Bolivia desde México.

Ambas situaciones meten en serios problemas diplomáticos a nuestro país al violar los principios y acuerdos del Tratado de Montevideo con sus constantes llamados a la violencia en Bolivia.

Si quiere permanecer asilado con todos los lujos en México, Evo Morales Ayma debe abstenerse de seguir haciendo estos llamados a la violencia, sedición y terrorismo en Bolivia desde México.

En caso contrario, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) al igual que otros organismos internacionales se verán obligados a exigir evitarlo al gobierno de México.

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@efektoaguila

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Luis Velázquez

21 de septiembre de 2019

Los días y noches de MORENA en el palacio de Xalapa son fatídicos para la comunidad sexual de Veracruz. Al momento, dieciocho mujeres y hombres han sido asesinados. Todos, crímenes de odio. Todos, en la impunidad. Todos, menospreciados por las autoridades.

La estadística de todos y cada uno la tiene el Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio. Una de sus voceras, Jazz Bustamante, lo reveló a la reportera de AVC, Ana Alicia Osorio.

Mujeres trans y chicos gay en la estadística de la muerte en un Veracruz donde en los últimos 9 meses y medio han ejecutado a mil 400 personas, entre ellos, mujeres y menores de edad. También, policías y políticos y líderes sindicales y taxistas. Y un reportero.

La saña y la barbarie con que fueron asesinados los 18 miembros de la diversidad sexual es de antología. Demasiada crudeza.

Y más, porque antes hubo, se entiende y presume, relación sexual. Y luego, el sadismo.

Incluso, en la lista negra hay uno o dos, ¿más?, activistas sociales.

Y como un crimen hace olvidar el anterior y el anterior y el anterior, entonces, la impunidad se va acumulando hasta que de plano, la indignación se vuelva crónica y luego pase a la resistencia pacífica y después incendie a Veracruz.

El Observatorio Contra los Crímenes de Odio sueña con posibilidades para garantizar la vida de su gente. Soñar, claro, ya se sabe, nada cuesta. Y como los políticos venden esperanzas, ilusiones, utopías, promesas siempre incumplidas, entonces, Jazz Bustamante y asociados pueden continuar con su “mundo color de rosa”.

Ninguno de ellos, claro, se pondrá a rezar como dice el arzobispo de Xalapa. Solo resta cuidarse entre ellos y tomar el mayor número de medidas precautorias para evitar desenlaces trágicos. A menos que de igual manera como en Soledad Atzompa, el Valle de Uxpanapa, Las Choapas, Agua Dulce y Jatlipan, entre otros municipios, se integren en guardias comunitarias, en autodefensas, para blindarse hasta donde sea posible.

PITORREAN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nunca antes en Veracruz tantas mujeres transgénero o transexuales o chicos gays asesinados. Como si de pronto, por ahí anduviera un homicida en serie. Y en serio. Incluso, pitorreándose de la secretaría de Seguridad Pública, la encargada de garantizar la seguridad en la vida y los bienes de acuerdo con el llamado Estado de Derecho, más bien, Estado Fallido.

El día cuando los malandros asesinaron al primer reportero en el tiempo de MORENA en palacio, corresponsal de “El gráfico de Xalapa” en Actopan, el titular de la SSP “se lavó las manos” diciendo que ni modo de poner un policía a cada trabajador de la información y que en su momento también dijeron Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte.

En la misma tónica bien podría el Secretario exclamar ahora con el recuento de los 18 miembros de la diversidad sexual asesinados en su tiempo.

Desde luego, se trata de un pretexto insulso y banal, porque si aceptáramos tal falacia matemática y banalidad política y social, entonces, Seguridad Pública necesitaría 8 millones de policías para cuidar a los 8 millones de habitantes.

Y ya pudiera, por ejemplo, vislumbrarse a un policía afuera de un motel cuidando a un transgénero mientras hace el sexo en una habitación con el cliente en turno.

La seguridad pública va más allá de una simple Fuerza Civil y una Gendarmería Nacional. Y de gritonear que las fiestas patrias fueron las mejores de la historia local. Y de andar con pistola al cincho.

VERACRUZ, DEVASTADO

Sueña Jazz Bustamante con la eficacia de una llamada Mesa Interinstitucional para “frenar la discriminación y los ataques a la comunidad lésbica”.

Sueña con que “el estigma hacia la diversidad sexual” comience a ser frenada desde los llamados tres niveles de gobierno, a saber, federal, estatal y municipales.

Sueña con que el Poder Judicial aplique “los marcos jurídicos en el caso de crímenes de odio”.

Sueña con que el Poder Legislativo “impulse la agenda sobre la diversidad sexual”.

Sueña con un mundo igualitario entre la diversidad sexual y las bodas gay y la salud pública y “el acceso laboral digno con no discriminación”.

Pero le faltó soñar con la eficiencia de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía para crear y crear un mundo seguro, cierto, para todos ellos, pero también, para la población en general.

Y más en un Veracruz devastado en la vida cotidiana con tantos secuestros, desapariciones, asesinatos, cercenados, decapitados, cadáveres flotando en los ríos y tirados a orilla de carretera y entre cañaverales y cabezas decapitadas y cuerpos humanos sin vida colgando de los puentes.

La utopía es demasiado ambiciosa. Y un sexenio resulta insuficiente. Y más, cuando ya van dieciocho asesinatos de la diversidad sexual y todos en la impunidad.

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