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Pide INE a Congreso, discutir reforma electoral de AMLO, después elecciones del 2 de junio, con diagnóstico preciso

Monika

Jaime GUERRERO | EL PIÑERO

Tras el envío del paquete de reformas constitucionales y legales a la Cámara de Diputados que, presentó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE), pidió al Congreso de la Unión discutir la reforma electoral después de los comicios del dos de junio, a fin de tener un diálogo abierto y con diagnósticos precisos.

Por lo pronto, garantizó la transparencia en el desarrollo de las 32 elecciones federal y concurrentes y se manifestó abierto al diálogo para discutir la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo.

“Las reglas actuales bajo las que se organizan los procesos electorales de 2024 han sido puestas a prueba en diversas elecciones con éxito, por lo que, desde el INE enviamos un mensaje a la ciudadanía: ‘las próximas elecciones contarán con altos estándares de calidad organizativa, transparencia y certeza en sus resultados”.

En un comunicado, el INE, sus consejeras y consejeros electorales y la estructura ejecutiva aseguraron que esta propuesta no modifica el desarrollo de la elección del 2 de junio porque se realizan con la ley electoral vigente “y cualquier proceso de reforma que se inicie no tendrá incidencia en los mismos”.

El INE reconoció áreas de oportunidad en la legislación electoral propuesta, consideró la necesidad de abrir el debate sobre esta reforma una vez concluidos los procesos electorales federales y locales concurrentes para permitir el análisis del sistema actual con insumos recientes y diagnósticos precisos para fortalecer el proceso organizativo.

Asimismo, refrendó su compromiso para organizar elecciones libres, equitativas y confiables para garantizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.

“El INE está abierto al diálogo y al debate público que deben imperar en una democracia como la mexicana, por lo que pone a disposición de las y los legisladores todos los insumos técnicos necesarios en la materia, en favor del fortalecimiento de la democracia”, añadió.

En su paquete de reformas constitucionales, López Obrador, propone reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos respecto a sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante las contiendas electorales.

Regular el acceso de los partidos políticos a radio y televisión, para lo cual se centra en el acceso de las instituciones políticas y candidatos independientes a radio y televisión.

Plantea la desaparición de los Organismos Públicos Locales, los llamados OPLES, así como la unificación de autoridades electorales administrativa y jurisdiccional.

Además, se plantea “una nueva etapa electoral para el país”, para lo cual se plantea transformarla institucionalidad electoral al suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), mientras que se propone “fortalecer” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para ambos casos, se propone que los integrantes de ambos organos sean electos por el voto popular y que permanezcan en el cargo por un periodo de seis años.

Los candidatos se definirán a partir de propuestas de la Cámara de Diputados, el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal. En el proceso de designación se indicó que los diputados podrán proponer a los consejeros del INEC; mientras que los senadores a los magistrados.

Cada poder de la Unión podrá postular a 10 personas de manera paritaria para la integración del INEC y del TEPJF.

López Obrador, plantea también la reducción de legisladores y legisladoras, con lo que se propone que la Cámara de Diputados sea conformada por 300 personas, eliminándose 200: mientras que el Senado quedará integrado por 64 personas, la mitad de los 128 que actualmente lo conforman.

También se propone la reducción de los integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. En el caso de los congresos, indica que no podrán exceder los 15 diputaciones en entidades con menos de un millón de personas de población.

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