Jaime GUERRERO
En un contexto de crisis humanitaria y graves violaciones a los derechos humanos, el Observatorio Memoria y Libertad presentó una petición de seguimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para avanzar en el estudio de fondo del caso Eloxochitlán de Flores Magón, radicado en ese organismo internacional.
La solicitud busca que la CIDH supervise el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en favor de personas defensoras comunitarias mazatecas, quienes desde hace más de una década enfrentan criminalización, persecución judicial y fabricación de delitos por parte de autoridades estatales y judiciales.
Según el Observatorio, pese a amparos ganados y resoluciones favorables, 14 defensores desplazados no pueden regresar a su comunidad debido a órdenes de aprehensión pendientes.
Además, el Juzgado de Huautla de Jiménez se niega a cerrar procesos penales, ignorando sentencias que lo ordenan.
Las organizaciones exigen al Estado mexicano: acceso a la defensa en libertad para las personas perseguidas.
Cierre inmediato de procesos penales irregulares. Fin de las vulneraciones judiciales, que persisten incluso tras la liberación de comuneros.
En particular, demandan la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos, cuyo proceso permanece abierto pese a haber revertido una sentencia condenatoria; su resolución final podría emitirse en los próximos días.
El Observatorio mantiene una alerta permanente por las fallas del sistema de justicia mexicano y considera que el Estado debe ofrecer respuestas efectivas y reparadoras a las comunidades indígenas víctimas de criminalización.
Con esta acción, buscan que la CIDH analice a fondo el caso y exhorte al gobierno mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en justicia y derechos humanos.
En la víspera, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón y Mujeres Mazatecas por la Libertad exigieron a las autoridades de Oaxaca la prescripción de los delitos en las más de 200 órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad.
Señalaron que estas órdenes se basan en delitos que ya fueron prescritos o que han sido fabricados, y que forman parte de una persecución política que lleva más de una década.
Recordaron que las órdenes fueron activadas después de que la comunidad logró la liberación de sus presos políticos.
También acusaron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca de ignorar antecedentes jurídicos al reasignar un expediente previamente resuelto por la Tercera Sala Penal a la Segunda Sala.
La comunidad responsabilizó al juez de Huautla de Jiménez, Constantino Santiago Agustín, por desestimar siete resoluciones de instancias superiores en el caso de la profesora Olga Maribel.
Además, criticaron al gobierno estatal por mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien identifican como parte de la estructura que sostiene la criminalización en su contra.
Exigieron a la presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca que garantice la actuación conforme a derecho en el expediente 16/2016 y al gobernador Salomón Jara que ponga fin a la criminalización de la comunidad y deje de respaldar con recursos públicos a Elisa Zepeda, señalada como una de las responsables de la persecución política contra los defensores de Eloxochitlán.
