Jaime GUERRERO
Pobladores de la comunidad de Santo Tomás Lachitá, San Melchor Betaza, que aseguran fueron discriminados e ignorados por el máximo Tribunal de México, demandaron al próximo ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortíz, justicia para que puedan acceder a recursos de sus participaciones municipales.
De acuerdo a los pobladores aglutinados en el Frente Estatal de Agencias Municipales y de Policías de Oaxaca (FAMYPEO), han participado con Aguilar Ortiz, en las asambleas y ha resuelto problemas agrarios importantísimos a nivel estatal.
“Tiene un trabajo con fe y respeto. Le tenemos mucha esperanza”, dijo Fernando Vargas Jiménez del FAMYPEO.
Por lo pronto, admitió que deben resistir un poco más, ya que desde el 2021 a Santo Tomás Lachitá, se le ha negado sus recursos producto de las participaciones municipales.
Vargas Jiménez, aseguró que esa negativa representa una clara violación a los derechos de los pobladores.
Precisó que el pasado miércoles 2 de julio del 2025, en la ultima sesión antes de ser extinguida la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala aprobó el caso que vulnera y lastima los derechos de dicha comunidad.
“Se trató de un acto de impunidad de vergüenza y nepotismo, nuevamente hasta ahora los ministros Javier Laynez Pontisek, Alberto Pérez Dayan pero sobre todo la ministra Yazmín Esquivel Moza formuló el proyecto de resolución en el Amparo Directo en Revisión 782/2024 en donde se le niega a la comunidad indígena zapoteca de Lachitá administrar sus recursos de forma directa”, expuso.
Los recursos que reclaman corresponde a los ramos 28 y 33 fondos III y IV y que tendría el objetivo de impulsar desarrollo social en dicha localidad de la Sierra de Benito Juárez, antes Sierra Norte.
“Estos impartidores de justicia que con todo sarcasmo dicen ser servidores del pueblo, en un acto de desesperación para dar carpetazo a los temas importantes de los pueblos originarios y afromexicanos resolvieron en fas track el amparo de la comunidad de Lachitá”, señaló.
Vargas Jiménez, insistió en que se tendrá que esperar unos meses más para que la justicia sea efectiva a estos sectores de la sociedad, toda vez que el próximo presidente de la SCJN conoce del tema y se espera una actuación pronta y a favor de este caso y otros más que pretenden ser cerrados por el actual órgano de justicia.