Roberto POLO|LA RAYA
La Cuenca del Papaloapan está polvorosa y sanguinolenta. Rebeliones internas, corrupción y violencia merman la paz en distintos municipios donde el poder del Estado se observa flemático, sin capacidad para atender y responder con efectos favorables.
Ayotzintepec es el ejemplo vivo del encabronamiento popular. Su presidente, Víctor Mendoza, activo del Partido Unidad Popular (PUP), lleva casi medio año sin ejercer a plenitud sus funciones debido a los escándalos (de faldas, borracheras y corrupción) que él mismo ha provocado.
En marzo del 2019, su primer año de gobierno, fue encarcelado por agredir a su esposa tras verse sorprendido con otra mujer en un bar. Siete meses después, en octubre, disparó en contra de un civil, en el marco de una riña cantinera, por lo que tuvo que escapar de su municipio para evitar la acción de la justicia.
En ese trance, mientras se encontraba prófugo, su municipio se quedó sin servicios, obra pública y atención a situaciones sociales apremiantes, por lo que su pueblo se organizó, nombró a nuevas autoridades, lo desconoció como su presidente y desterró.
No obstante, al querer regresar, con un delito impune a espaldas y con el aval del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), la población no lo pensó dos veces y, mediante asamblea y en consenso, decidió encarcelarlo junto con 18 de sus seguidores.
Así, tras las rejas y hacinado, permaneció Víctor casi una semana, padeciendo el poder de un pueblo que le ha manifestado su rechazo y que exige al Estado investigue el grave daño que le ha causado al erario en virtud de que no existen obras y acciones que comprueben su destino.
Sin embargo hay quienes a sabiendas del grosero tufo de corrupción insisten en reponerlo en el Ayuntamiento, entre ellos Xóchitl Velázquez Vázquez, líder del PUP, y el impresentable Hugo Jarquín, exdiputado federal ampliamente conocido por su trayectoria de corrupción, excesos y escándalos al son del alcohol.
Ellos son quienes han impuesto asesores fiscales con la única intención de manejar recursos a cambio de cabildear ante el Estado y proteger al presidente, pues saben que su situación es compleja y de habilitarlo serán quienes controlen ese angustiado municipio cuenqueño.
EL NEGOCIAZO DE LAS TARIFAS EN CHILTEPEC
En tanto, en el municipio de San José Chiltepec, el músculo del mototaxismo, con el aval del presidente municipal Martín García, se autorizó un súbito precio del pasaje.
Si antes un corrida normal costaba cinco pesos, ahora será de siete pesos, un golpe directo al bolsillo de quienes se ven obligados a ocupar sus servicios.
Lo criticable es que esta alza se dio con la venia del alcalde, quien estaría abusando de su poder debido a que la Secretaría de Movilidad (Semovi) no ha autorizado ningún aumento.
Empero existe una razón importante para tal beneficio: que el hermano del presidente es uno de los concesionarios con mayor unidades en Chiltepec. Incluso, aunque no se ha comprobado, Martín García tendría interés directo al ser un concesionario más y tener mototaxis a nombre de sus familiares.
Lamentablemente y al tener intereses muy visibles, en ningún momento Martín García se ha pronunciado por un reordenamiento en ese sector, pues las unidades siguen recorriendo la carretera federal poniendo en riesgo a los usuarios, se mantiene el contrato de menores de edad y la circulación de conductores sin licencia ni la documentación debida. Ni modo, el pueblo, que se joda.
TUXTEPEC, VIOLENCIA INCOTENIBLE
Si hay un municipio que sigue en la mira nacional y que todos los días muestra sangre en sus calles gracias a la incontenible violencia es Tuxtepec, según Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y es que no hay día en que la pólvora y la sangre den tregua a una población que normalizó el crudo escenario cuyos días y noches movilizan a policías que, con o sin coordinación, han fracasado en su operatividad.
En los primeros días que corren del 2020 ya se cuentan 17 ejecuciones, entre ellas la de Christian Soto Palma, subdirector de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuya instancia prometió investigar a fondo pero que, como todos las demás, se mantiene en el túnel de la impunidad.
Poco o nada puede hacer Fernando Dávila cuyo gobierno está distraído en la próxima contienda electoral en donde, lo anuncian soterradamente, competirá por la diputación federal pero ahora con enésimo y nuevo partido, el Movimiento Ciudadano (MC).
Cuando existe un alto nivel de distracción la operatividad se manifiesta insuficiente para atender los retos que hoy preocupan. Ya lo dijo Karina Barón, secretaria ejecutiva del plan para la pacificación de Oaxaca, “si uno de los tres niveles de gobierno no hace lo que le corresponde, entonces los resultados no van a ser óptimos”. (https://www.elpinero.mx/prevencion-del-delito-corresponde-al-municipio-de-tuxtepec-karina-baron/)
Y enganchando en el tema, el diputado Gustavo Díaz Sánchez ha sentenciado que “no se ve el trabajo del municipio porque cada vez más se ve en aumento la violencia y pareciera que el presidente está coludido”. Y la evidencia allí está: Tuxtepec convertido en el peor escándalo de inseguridad en el estado
