Arturo Avendaño |El Piñero
Por conflicto de tierras, denuncian intento de demolición de instituciones públicas en Tilzapote, Oaxaca Comuneros del núcleo rural de Tilzapote, perteneciente a la agencia municipal de San Francisco Cozoaltepec en Santa María Tonameca, acudieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para interponer una queja ante la inminente violación a los derechos de niños, niñas y ciudadanos, ya que pretenden demoler instituciones públicas en Tilzapote derivado de un conflicto de tierras.
La abogada Edith Santibáñez Borges, representante de los comuneros, señaló que el conflicto por despojo de tierras en Tilzapote aún prevalece y que cada día se agudizada más, ya que continúa la situación de amenazas de desalojo a los comuneros, derivado de la sentencia emitida por el Magistrado de los Tribunales Agrarios, Luis Ponce de León.
Donde solicitan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) demoler las instituciones públicas, como es la primaria, el centro educativo de preescolar, y a otras autoridades solicitan demoler la casa de salud, la iglesia y otros edificios, por ello interpusieron la queja.
“Nos hemos movilizado y hemos asistido a diferentes dependencias y autoridades, pero no vemos un avance, teníamos programado para hoy una reunión de trabajo con el procurador Agrario Nacional, porque la semana pasada estuvimos en la Ciudad de México, se comprometió a que el día de hoy en la tarde recibiría a las autoridades municipales y comunales, además de una comisión que viene de la población, sin embargo, dicha mesa fue cancelada de última hora”, refirió.
Agregó que los comuneros y las autoridades acordaron que una vez interpuestas las quejas se trasladarán a la Delegación de la Procuraduría Agraria para platicar con el delegado y ver porque razón ya no vino el procurador Agrario Nacional.
Santibáñez Borges, abundó que las instituciones educativas no han sido demolidas porque los maestros, padres de familia y autoridades, no lo han permitido, “hay solicitudes y peticiones para que el IEEPO retire a su personal y que la sección 22 haga lo mismo con los maestros, pero no lo van a hacer”, puntualizó.
“En esta comunidad tienen más de 70 años establecida las escuelas, son de los años 80, no se puede demoler por un capricho de dos personas desconocidas para la población, el negarle el derecho a la educación a los niños y a las niñas que son un aproximado de 300 entre la escuela primaria y preescolar”, finalizó.
