**Los diputados federales de MORENA Azael Santiago Chepi y Juan Ángel Domínguez y la exdirigenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky, cabildean a favor de la minera; sus homologas Irma Juan Carlos y Adriana Bustamante, así como el legislador, Armando Contreras, piden suspender la concesión a Cuzcatlán.
El Piñero, Periodismo y Debate
Oaxaca, México – El Frente No a la minería por un Futuro de Todas y Todos integrado por 10 comunidades zapotecas de los Valles centrales de Oaxaca, realizó dos Asambleas regionales multitudinarias, en el pleno ejercicio de su derecho a una consulta indígena, tomando los acuerdos de no permitir la actividad minera en sus territorios y exigiendo al gobierno federal la no autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la minera Cuzcatlán debido a que sigue devastando al medio ambiente, el territorio y a la vida de los pueblos y comunidades zapotecas.
Lo anterior se desarrolló sin la presencia de la SEMARNAT y otras instancias gubernamentales que se comprometieron a acudir para presenciar los acuerdos tomados por las Asambleas de las comunidades afectadas.
Según información difundida por la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), durante las Asambleas Regionales de los días 10 y 12 de diciembre realizadas en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Minas, Ocotlán; y San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, respectivamente y ante más de 2 mil 500 ciudadanas y ciudadanos, autoridades de diez comunidades indígenas integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos ratificaron su posicionamiento de prohibir la minería en sus territorios y exigieron al Estado mexicano la negación de cualquier permiso ambiental para la explotación minera, específicamente del proyecto San José de compañía minera Cuzcatlán.
Las autoridades locales, también denunciaron que tenían acuerdos construidos con la dependencia, mismos que fueron ratificados el 25 de octubre, en una reunión con la titular. La SEMARNAT se comprometió a asistir a estas asambleas para recoger las firmas y observar el proceso, además de incorporar a otros actores del ejecutivo federal, entre ellos la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, ninguno de los actores federales aquí mencionados asistió a las consultas comunitarias. La misión de observación, integrada por miembros de las organizaciones civiles y de la academia que participan en la colectiva “Cambiémosla Ya”, declaró que las comunidades zapotecas presentaron actas con 6,172 firmas de ciudadanas y ciudadanos de Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Magdalena Ocotlán, Santa Catarina Minas, El Vergel, Los Ocotes, San José del Progreso, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, mismas que certifican su posicionamiento de prohibir la actividad minera en sus territorios.
Las diputadas federales Irma Juan Carlos y Adriana Bustamante, así como el legislador, Armando Contreras, todos de MORENA propusieron un punto de acuerdo en el que exhortan a la SEMARNAT a realizar los procesos legales y administrativos pertinentes para detener el proyecto minero.
En contra parte, de acuerdo al referido Frente, el mayor problema es que la Semarnat se retractó de su decisión de rechazar la solicitud presentada por Cuzcatlán, lo que, según los pobladores, se debió a presiones de diputados de Morena, entre ellos los oaxaqueños Azael Santiago Chepi y Juan Ángel Domínguez, además de Yeidckol Polevnsky, ex presidenta nacional de ese partido.
Señalaron que estos legisladores han realizado gestiones en favor de la minera, pasando por encima de los derechos de las comunidades indígenas y faltando a las promesas de campaña de la 4T. En el Valle de Ocotlán, aseguraron, este grupo de políticos ignora a los habitantes por apoyar a una empresa extranjera.
Señalaron que la concesión de la minera debería ser suspendida, ya que su instalación en la región durante el gobierno de Ulises Ruiz se efectuó sin consultar a ningún ciudadano de la región, en clara violación de acuerdos internacionales.
Durante las dos asambleas las y los ciudadanos expresaron su rechazo a la minería pues contamina el agua, la tierra y el viento, perjudica la vida comunitaria y la salud de quienes han habitado esos territorios milenariamente; además de romper el tejido social y violentar y asesinar a quienes defienden la tierra y la vida.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció que el actual gobierno mexicano continúa en complicidad con la explotación minera y las graves consecuencias que esta trae al medio ambiente y a la salud de quienes habitan en los territorios concesionados para esta práctica.
La REMA hace mención de las declaraciones de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien responsabiliza de los desastres ocasionados por la minería a los gobiernos pasados y que solución sería “la adopción de mejores prácticas”, ante ello, la Red asegura que no permitir más concesiones mineras no es suficiente cuando se continúa explotando los bienes naturales ya que aseguran: “no existe la minería verde, sustentable, inteligente ni responsable”.
Mencionan también que declaraciones como “no otorgar más concesiones mineras, además de las más de 24 mil ya existentes es desviar la discusión”, ya que siguen intactas las estructuras que facilitan la inversión minera dejando impunidad los daños a futuro.
Lo anterior fue comprobado por la REMA mediante la solicitud de acceso a la información a la SEMARNAT en la que se informó que esta institución ha autorizado 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros de las concesiones ya otorgadas y que siguen devastando los territorios donde se instalan.
