Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- Las cabeceras municipales de San Juan Juquila Mixes y de San Pedro Ocotepec tienen un conflicto de décadas, desde que en 1975 fue emitida una Resolución Presidencial que reconoció 48 mil hectáreas de tierras comunales del primer municipio, San Juan Juquila Mixes. San Pedro Ocotepec reclama 22 mil de ellas, y a partir de entonces las ha peleado.
El conflicto llegó a la violencia en enero de 2017. Entonces, gente de la cabecera de San Juan Juquila Mixes atacó a fuego a su propia agencia, Guadalupe Victoria, por no tener una posición clara en ese conflicto. Hubo gente herida, viviendas incendiadas y un joven asesinado.
Desde entonces no ha recibido recurso alguno de las participaciones municipales, el centro de salud permanece cerrado, sin personal médico ni atención de ningún tipo para las cerca de 800 personas que permanecen en la comunidad.
En medio de esa disputa, la diputada local de Morena, Magaly López Domínguez, urgió al Secretario General de Gobierno, Héctor Anuard Mafud Mafud, a que, en cumplimiento de su mandato legal, facilite la conciliación, acuerdos y resolución del conflicto que afecta a la comunidad de Guadalupe Victoria.
De acuerdo a la morenista, es urgente prever lo necesario para mantener relaciones armónicas entre las y los habitantes de San Juan Juquila Mixes, y concertar acciones con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para garantizar la atención de la salud de las y los habitantes y el funcionamiento regular de las instalaciones escolares en la agencia Guadalupe Victoria.
Así como la entrega de las participaciones a que tenga derecho, y garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas.
Por lo pronto, un grupo de pobladores, protesto en la sede del Congreso.
En tribuna, López Domínguez, refirió que desde enero de 2017, la agencia Guadalupe Victoria vive en un estado de excepción.
Aseguró también que desde entonces tampoco hay clases en ninguno de los tres planteles escolares, de preescolar a telesecundaria, ni más opción que el trabajo para 232 niñas, niños y adolescentes en edad escolar que habitan ahí. “Desde entonces, cerca de 300 personas permanecen refugiadas en poblaciones vecinas”, reprochó.
