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Por irregularidades en gastos e ingresos en 2021, INE sanciona a partidos políticos nacionales y locales con 673 mdp

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Jaime GUERRERO | El Piñero

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló imponer a los partidos políticos nacionales y locales sanciones económicas por un monto aproximado de 673 millones 353 mil 056 pesos, al aprobar en lo general -por mayoría de votos- el dictamen consolidado sobre la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2021.

En sesión ordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que la función fiscalizadora conferida al Instituto puede resumirse, “ni más ni menos, que en el propósito común de garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos y cerrarle el paso al financiamiento ilegal de la política”.

Desde hace más de dos décadas, recordó, “la autoridad electoral ha venido perfeccionando un sistema de fiscalización que busca transparentar el financiamiento de las campañas electorales y generar un modelo de rendición de cuentas sobre los cuantiosos recursos que reciben los partidos políticos, también para financiar sus actividades ordinarias”.

El Presidente del INE recalcó que las sanciones a los partidos nacionales y locales, se aprueban no por un mero afán de castigar a los actores políticos fundamentales para la recreación de la democracia, “sino para mejorar el sistema de fiscalización, seguir avanzando en su perfeccionamiento y, acercarnos así, a cumplir con la expectativa ciudadana de una política más limpia, más honesta, más transparente y menos influenciada por poderes fácticos, poderes públicos o patrocinadores de dudosa honorabilidad y legalidad”.

En resumen, enfatizó, “una política en la que haya legalidad en el ejercicio de los recursos con los que la propia ciudadanía hace posible que los partidos subsistan y cumplan sus funciones constitucionales (que no son menores) y puedan competir en condiciones de equidad”.

El 95% de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales (PPN) y con acreditación local y el 5% en partidos políticos locales (PPL). Cabe destacar que 82% de éstas se concentran en cinco partidos políticos: Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el ámbito federal, las multas de los partidos políticos nacionales ascienden a 196 millones de pesos; el 88% están concentradas en Morena y PT. Ninguno del resto de los partidos concentra más del 10% de sanciones en lo individual:

En el ámbito local, las sanciones de los PPN con acreditación local y PPL ascienden a 477 millones de pesos; el 58% concentradas en Morena, PRI y PVEM. Ninguno del resto de los partidos concentra más del 10% de sanciones en lo individual. Los partidos políticos locales representan el 7% de las sanciones:

Los partidos políticos nacionales con registro vigente (Morena, PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y PRD), los partidos políticos locales y los tres partidos en proceso de liquidación (Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario) reportaron ingresos por 25 mil 686 millones 327 mil 279 pesos y egresos por 27 mil 662 millones 825 mil 132 pesos.

Al presentar el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de los ingresos y gastos que presentan los partidos políticos nacionales y locales, correspondientes al ejercicio 2021, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que esta revisión es una actividad institucional que constituye “uno de los pilares del sistema electoral de nuestro tiempo”.

Por un lado, precisó, establece mecanismos y reglas de financiamiento para los partidos políticos y, al mismo tiempo, un esquema exigente y eficiente de rendición de cuentas.

El Consejero Rivera dio cuenta que, para llegar a los dictámenes consolidados finales, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió y revisó 718 informes anuales presentados por 80 sujetos obligados: 10 de partidos políticos nacionales y 70 locales.

Además, afirmó que todos los partidos políticos, sin excepción, fueron escuchados, se recibieron sus aclaraciones y, eventualmente, esto permitió disminuir en algo sus sanciones. En este sentido, hizo un reconocimiento a los partidos “que han hecho de la revisión de cuentas una obligación frecuente, cotidiana, pero en donde hay todavía mucho que mejorar”.

Durante la sesión, las y los consejeros electorales determinaron, por mayoría de votos, imponer sanciones económicas a los partidos políticos por registros de gastos extemporáneos en los Informes Anuales del ejercicio 2021.

Hasta el momento, esta falta se había sancionado únicamente con amonestación pública; sin embargo, para la mayoría de los integrantes del Consejo General, esta sanción no inhibía la conducta y los partidos continuaban reportando extemporáneamente sus gastos, dificultando así la labor de fiscalización del INE.

En su intervención, la Consejera Adriana Favela, integrante de la Comisión de Fiscalización, apuntó que el principio de certeza que debe seguir la autoridad fiscalizadora consiste en que todos los partidos conozcan previamente con seguridad las reglas a las que deberán someterse durante el proceso de fiscalización para que los resultados sean completamente verificables y confiables.

En este sentido, consideró que imponer una sanción económica por registros extemporáneos, “cuando es la única observación que es materialmente imposible de solventar, no sería lo deseable”, máxime cuando los partidos políticos no fueron prevenidos de que en esta revisión ya no serían amonestados con una amonestación pública, sino con sanciones de índole económica.

En su oportunidad, la Consejera Norma De la Cruz acompañó la propuesta de la Consejera Adriana Favela respecto a revisar el criterio del registro extemporáneo en las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización.

“Sí considero que para que estemos en posibilidades de cambiar este criterio y sancionar de manera pecuniaria, la autoridad fiscalizadora tendría que implementar un proceso de revisión que permita determinar, con certeza, aquellos registros hechos de manera extemporánea que sí actualicen la hipótesis normativa y, en su caso, el grado de reproche que amerite cada uno de ellos”, expresó De la Cruz.

El Consejero Uuc-kib Espadas expuso que los cambios de criterio en materia de fiscalización generan incertidumbre en los partidos políticos, respecto a registros contables extemporáneos como en este caso. No obstante, defendió que el hecho de que en ocasiones anteriores durante varios ciclos se haya aplicado solamente una sanción de amonestación pública por esta falta, “no impone obligación a esta autoridad de insistir en esa sanción”.

“El Instituto Nacional Electoral, considerando cada registro extemporáneo, lo intentó sobradamente 70 veces siete y fue infructuoso para lograr que la conducta se disolviera. Por el contrario, esta falta establecida claramente en el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, pasó a considerarse por los partidos políticos como una falta por definición sin sanción y que, en consecuencia, podía cometerse, sin preocupación alguna”, criticó.

En la discusión, la Consejera Claudia Zavala anotó que, en la rendición de informes de ingresos y gastos de los partidos políticos, éstos no pueden apartarse del principio de confiabilidad “que tiene que ver con la generación de informes financieros respecto del recurso que se les asigna”.

Los partidos políticos, reiteró, tienen la obligación de generar estados financieros confiables porque son el punto de arranque para que la autoridad pueda generar la revisión: “oportunos, comprensibles, periódicos, comprobables y homogéneos.

La Consejera Dania Ravel lamentó que los partidos políticos no hayan cumplido con el gasto que deben de erogar en actividades de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, ya que dejaron de gastar cerca de 22 millones de pesos en este rubro.

“Es necesario que los partidos políticos se comprometan a usar de manera íntegra y eficaz este dinero para construir una sociedad mucho más igualitaria”, insistió. Hoy por hoy, estableció Ravel, “el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales son justamente las cuestiones de violencia política contra ellas en razón de género”.

Además, advirtió un abandono total por parte de los otrora dirigentes de los partidos políticos en liquidación, “lo que provoca que no lleven a cabo una transparente rendición de cuentas y una evidente obstaculización de los trabajos de fiscalización”.

La Consejera Carla Humphrey denunció que los partidos políticos nacionales con registro nacional dieron cumplimiento a la obligación de capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres en el ámbito federal, pero se detectaron graves omisiones en el ámbito local.

Por lo anterior, les hizo un atento exhorto a fin de que adopten las medidas atinentes para que a nivel de sus comités directivos estatales cuenten con elementos necesarios para dar cumplimiento a esta obligación.

LA Consejera Humphrey destacó la importancia de llevar a cabo un proceso de revisión y, en su caso, actualización y reforma de la normatividad interna que rige los procesos de fiscalización, habida cuenta que la misma no regula diversos temas que forman parte de la actualidad, pero carecen de regulación, generando un vacío en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Entre dichos temas, de manera enunciativa, mencionó: los beneficiarios finales, triangulación de recursos, personas políticamente expuestas, lavado de dinero en campañas electorales, dinero del crimen organizado, criptomonedas, entre otros, que actualmente no se encuentran regulados.

“Dinero y política generan una tensión indisoluble en democracia. Toda actividad política requiere recursos, van a provenir de fuentes públicas o privadas, legales o no”, aseguró el Consejero Ciro Murayama.

En materia de dinero, subrayó, los partidos políticos tienen cero derechos a la privacidad y tienen que rendir cuentas. “En buen momento, el legislador decidió que cuando nacía el Instituto Nacional Electoral y se le convertía en la única autoridad fiscalizadora del dinero de la política, también era necesario que los partidos políticos y candidatos rindieran cuentas de sus ingresos y de sus gastos en tiempo real”.

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