Jaime GUERRERO | El Piñero
La diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Concepción Rueda Gómez, anunció que, pedirá la destitución del Presidente Municipal de Salina Cruz, #Oaxaca, Daniel Mendez Sosa, por omisión en los suicidios de dos mujeres en la cárcel de ese municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.
En tanto, el diputado del PRI, Javier Casique Zárate, pidió dejar atrás la inacción y la burocracia.
En tribuna, Rueda Gómez refirió que, el pasado fin de semana fue localizada sin vida Andrea en los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca.
Hace tres años, en circunstancias muy similares, fue encontrado el cuerpo de Abigail Hay.
“Esta situación nos preocupa profundamente, porque en ambos casos las familias siguen sin tener certeza ni respuestas. No subo a señalar culpables ni a emitir juicios irresponsables, pero es evidente la duda e indignación que estos hechos generan en la sociedad”, señaló.
Críticó que, esos sucesos ocurrieron bajo la misma autoridad municipal a cargo de Méndez Sosa, “y es justamente a esa autoridad a quien exigimos transparencia, honestidad, certeza y verdad para las mujeres y sus familias”.
Rueda Gómez, destacó que, como instituciones, tanto la autoridad municipal como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, es lo mínimo que deben garantizar.
En tribuna hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado y a la autoridad municipal de Salina Cruz, Oaxaca, a realizar una investigación imparcial, transparente y que brinde certezas.
“No nos sirven comunicados en redes
sociales ni el intento desesperado de desacreditar a las mujeres. Queremos y exigimos verdad”.
El Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla informó que hay diez policías en calidad de presentados para declarar en torno a presunto suicidio de Andrea Tamara, hallada sin vida en los separos de la policía municipal de Salina Cruz.
“No solo se da por actuación, también por omisión este tipo de situaciones y ahí la aplicación de la ley será contundente. No queremos que esto pase ni ahí ni en ningún otro lado. Ahí la responsabilidad es prácticamente de quien está al frente”, destacó el fiscal.
En tanto, el diputado del PRI, Javier Casique Zárate, pidió dejar atrás la inacción y la burocracia.
Asimismo que, se refuercen los mecanismos de supervisión y control en la policía municipal, a cargo de Daniel Méndez.
“En los últimos días, hemos sido testigos de una serie de lamentables hechos en las áreas de los separos
de las instituciones de seguridad pública. Es el caso del lamentable hecho violento acontecido en el municipio de Salina Cruz, donde lamentablemente estamos hablando de pérdidas humanas”.
De acuerdo al legislador del PRI, esos espacios, que deberían ser garantía de seguridad y debido proceso, lamentablemente se han convertido en escenarios donde algunos individuos, bajo la custodia del Estado, han perdido la vida.
Cacique Zárate, destacó que no se trata de un problema aislado. Los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelan una creciente problemática.
En 2024 se registraron más de 500
quejas relacionadas con el trato en centros de detención preventiva a nivel nacional, de las cuales un 15% correspondían a incidentes graves
que resultaron en lesiones o, en el peor de los casos, la muerte de los detenidos.
Aunque las cifras específicas para Oaxaca pueden variar, la tendencia a nivel nacional es un reflejo de una
falla que no podemos ignorar.
“El asunto en este tipo de problemas es que no es solo una estadística, son vidas humanas. Vidas que, a pesar de estar bajo un proceso legal, merecen la protección y el respeto de sus derechos fundamentales”, criticó el legislador.
Expuso que no es aceptable que una persona, por el simple hecho de estar detenida, se convierta en víctima de un sistema deficiente o, peor aún, que atente contra su propia vida por la desesperación o la falta de supervisión adecuada.
Los protocolos de vigilancia, la capacitación del personal, las revisiones periódicas de las celdas, y
el acceso a atención psicológica y médica de emergencia, no son opciones, son obligaciones.
Los protocolos existentes deben ser evaluados y, si es necesario, actualizados para garantizar que se
cumplan a cabalidad, agregó.
El Estado no puede convertirse en una amenaza para quienes debería proteger, señaló.
Recalcó que, la seguridad de todos, incluidos aquellos que están en calidad de detenidos, es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho.
