Jaime GUERRERO
La base trabajadora, personal médico y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, demandaron cambio inmediato del delegado estatal, Julio Mercado Castruita y reestructuración del equipo directivo.
Asimismo, exigieron auditoría urgente a las compras y licitaciones realizadas en los últimos dos años. Intervención de la Unidad de Evaluación de Delegaciones para supervisar y corregir las
deficiencias.
A través de un documento circulado entre la base trabajadora, los inconformes urgieron a una investigación a los funcionarios señalados, sancionando cualquier acto de corrupción, abuso de poder o negligencia.
En el escrito, establecieron que el IMSS no puede seguir siendo un refugio de incompetencia y corrupción.
Expusieron que, las unidades médicas del Instituto en Oaxaca están al borde del colapso. La falta de medicamentos, la pésima atención, la negligencia en la supervisión y una administración
plagada de abusos de poder, corrupción y nepotismo han generado una crisis insostenible.
“El personal está desesperado, los derechohabientes sufren las consecuencias y el prestigio del
IMSS se desploma. ¿Dónde está la supervisión? ¿Dónde está la Unidad de Evaluación de Delegaciones? Exigimos
su intervención inmediata para detener el desastre administrativo que ha convertido a la delegación Oaxaca en un feudo de intereses personales y redes de corrupción”, plasmaron.
Expusieron que la raíz del problema es un Delegado ausente y una cúpula descontrolada.
Según la denuncia, Mercado Castruita, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca, con 37 años de servicio, ha perdido el control de la gestión. Su autoridad es ignorada, sus procesos están rebasados y su equipo opera sin supervisión, amparado en su falta de reacción.
Señalaron que, Ramón Alberto Moncada Saucedo, Biomédico Delegacional, como Responsable de la compra de equipo médico e instrumental de pésima calidad, sin garantías ni respuesta de proveedores, dejando fuera de servicio equipos esenciales por meses.
A Katya Delgado Mejía, en vez de mejorar los modelos de competitividad, se dedica a publicar en redes sociales. Sus indicadores están en números rojos y su gestión es ineficiente, afirmaron.
Manuel Alejandro Sigüenza Chávez, de recaudación Patronal, es señalado de esvío de fondos, enriquecimiento ilícito y baja recaudación.
Senorina Castro Moreno, titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Personal, la acusaron de utilizar su posición para realizar ventas de plazas dentro del IMSS, favoreciendo a amigos y familiares sin considerar perfiles adecuados ni procesos de selección legítimos.
Se le acusa de omitir los exámenes requeridos, manipulando los nombramientos de manera discrecional.
En tanto, señalaron a Federico Javier Moctezuma Santamaría, Jefe de Servicios Administrativos, de nepotismo
descarado, licitaciones amañadas y abuso de poder.
Afirman en el escrito que ha colocado a personas sin perfil en puestos clave, afectando la operatividad.
Citaron, como ejemplo a Sandra Isela Barzalobre Aragón, Coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento, sin
experiencia en sus procesos, sin requisitos que cubra el perfil del puesto.
A Rodrigo Ortiz Maza, encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales, lo señalan de convertir la obra pública y las licitaciones de servicios en un negocio privado, utilizando su puesto para beneficiar a excompañeros jubilados y amigos cercanos.
“Las licitaciones se encuentran retrasadas deliberadamente, ya que no cuentan con la documentación requerida y se encuentran en proceso de “conseguirla” para que las adjudicaciones favorezcan
exclusivamente a sus empresas aliadas”, acusaron.
Además, señalaron a Rodrigo Ortiz Maza de realizar acuerdos y negociaciones en bares y espacios poco apropiados, evidenciando el uso de su cargo público para fines privados.
En el escrito, los inconformes acusan que se viola el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, en lo referente a condiciones laborales, nepotismo y
abuso de poder.
Asimismo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sanciona actos de corrupción, conflicto de interés y negligencia.
La Ley Federal del Trabajo, en lo referente a acoso laboral, abuso de autoridad y malas condiciones laborales.
La Normativa de la Secretaría de la Función Pública, que prohíbe expresamente la manipulación de licitaciones y la asignación de cargos mediante favores personales y los Derechos Humanos y principios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, violentados por el acoso psicológico, intimidación y humillación al personal.
