Redacción|El Piñero
En un escándalo que afecta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 37 de sus miembros han sido suspendidos debido a acusaciones de secuestro, homicidio, asalto y tráfico de influencias. Esta decisión se produce tras la revelación de que tres agentes involucrados en la investigación del asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exdiputado Gerardo Sosa Castelán, fueron acusados de manipular pruebas que resultaron en la detención y encarcelamiento de un inocente, Fernando R.M., quien pasó 25 meses en prisión antes de demostrar su inocencia.
Un tribunal determinó en abril de 2022 que las pruebas presentadas por la PGJEH eran insuficientes o manipuladas. Durante el periodo 2020 a 2024, bajo la administración de los gobernadores Omar Fayad Meneses y Julio Menchaca Salazar, han surgido diversas acusaciones graves contra integrantes de la Procuraduría, incluyendo cohecho, uso de documentos falsos y abuso de autoridad, de acuerdo con información manejada por Proceso en su reportaje publicado el 3 de abril.
El escándalo incluye casos de violencia interna, como la agresión sufrida por una ministerio público a manos de un policía investigador, quien ha sido vinculado por múltiples agresiones. Las separaciones de los funcionarios se distribuyen entre los años 2020 y 2024, coincidiendo con cambios en el liderazgo de la entidad. La PGJEH continúa evaluando el estatus de los casos, señalando que la información se mantiene reservada para proteger los derechos de los involucrados.
