Redacción El Piñero | Corresponsalía
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presentó el Protocolo de Implementación de Medidas Cautelares para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Oaxaca.
El evento se llevó a cabo este miércoles 10 de julio en el Auditorio de las Oficinas Centrales de la Defensoría y estuvo encabezado por su dirigente, Elizabeth Lara Rodríguez.
También asistieron Raúl Israel Hernández Cruz, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos; Evelyn Recinos Contreras, representante de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Dafne Gómez, Integrante de la Oficina de Gobernanza en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de USAID; así como periodistas, organizaciones sociales y autoridades gubernamentales de Oaxaca.
A través del comunicado de la dependencia se informó sobre la situación actual de las personas defensoras de derechos humanos, las cuales “enfrentan una realidad compleja y desafiante, caracterizada por amenazas y escenarios violentos”.
“Las personas periodistas viven una realidad similar, pues incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la existencia de una crisis de la libertad de expresión en México, que incluye asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, psicológicas, y otras formas de injerencia destinadas no sólo a perjudicar personalmente a periodistas, sino también a menoscabar el derecho de la población a estar informada”, indica el boletín de la DDHPO.
“Ante este panorama, esta Defensoría, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), convocaron a un espacio conformado por diversas instancias gubernamentales, que a través de mesas de trabajo interinstitucionales, buscaron generar lo más acercado a sus necesidades, un mecanismo eficiente y consensuado para la atención de la problemática con base en los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sosteniendo sesiones de acercamiento y socialización a fin de retroalimentar el Protocolo y lograr un documento integral y completo que sirva como instrumento de defensa para todas y todos aquellos que dedican su vida al periodismo y a defender los derechos humanos de personas vulneradas”.
El Protocolo “busca construir un modelo que garantice la adecuada atención de los casos que ameriten la emisión de medidas cautelares, y que sirva a los propósitos generales del sistema de protección a los derechos humanos, entre ellos, el reconocimiento a la labor de las personas defensoras y de periodistas”.
