Jaime GUERRERO
El Congreso de Oaxaca, analizará una reforma al artículo 383 Bis del código penal para aplicar hasta 30 años de cárcel y multa de 6 mil unidades de medida y actualización a quien, incurra en el delito de extorsión.
Al presentar la iniciativa de reforma, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros Montalvo, explicó que esa sanción se aplicará a quien sin derecho, por sí o por interpósita persona, haciendo algún tipo de violencia física o moral pretenda obligar u obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase, para sí o para un tercero.
“ARTÍCULO 383 Bis. Al que, sin derecho, por sí o por interpósita persona, haciendo algún tipo de violencia física o moral pretenda obligar u obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase, para sí o para un tercero, se le aplicarán de diez a quince años de prisión y multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización”, plasma la iniciativa.
Este delito se perseguirá de oficio.
Las penas previstas para el delito de extorsión se aumentarán al doble, cuando la comisión del hecho se cometa por servidor o exservidor público del gobierno del Estado o los Municipios.
Se impondrán además al servidor público la destitución del empleo, cargo o comisión público y, tratándose de servidor o exservidores públicos, se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público.
Se cometa por un miembro o exmiembro de una empresa de seguridad privada. Se realice con la presencia física del sujeto activo, o por una interpósita persona. Se cometa utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
De la misma forma, cuando se realice empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas.
Se cometa por persona que se ostente como integrante o miembro de un grupo u organización delictivo, aun cuando no lo sea. Se realice desde el interior de cualquier centro penitenciario o de reinserción social;
Viveros Montalvo, destacó que de las penas señaladas durante la investigación, el Ministerio Público, y en proceso la autoridad judicial a petición fundada de aquel, podrán asegurar parcial o totalmente, y en sentencia se decomisarán parcial o totalmente declarándose la extinción del dominio de los bienes respecto de los cuales el sujeto activo haya sido poseedor, propietario o se haya conducido como tal, independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, quienes tendrán derecho de audiencia para acreditar su legítima procedencia y buena fe en su adquisición.
En tribuna, Viveros Montalvo, destacó que, la extorsión representa una amenaza persistente para la seguridad y la estabilidad de la sociedad oaxaqueña.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Oaxaca de enero a mayo de 2025, se han registrado treinta denuncias por este delito, afectando no sólo a víctimas individuales, sino también al entorno económico y social del estado.
Oaxaca no se ubica entre las entidades con mayor incidencia nacional, sin embargo, las víctimas de los delincuentes son principalmente los comerciantes, los empresarios e incluso los servidores públicos.
Asimismo, refirió que, la mayoría de las extorsiones se originan desde centros penitenciarios de otras entidades federativas, evidenciando la necesidad de fortalecer el marco jurídico para su punibilidad y prevención.
El Coordinador de la Bancada de Morena, destacó que se establece además la gravedad del delito con penas más severas y se abordan múltiples agravantes, que reflejan las dinámicas actuales de la criminalidad, incluyendo el uso de medios digitales, la participación de servidores públicos, y el impacto sobre grupos vulnerables y sectores productivos.
Con la reforma planteada, dijo, se responde a la necesidad urgente de fortalecer el marco legal que combate la extorsión y otras formas de coacción que afectan gravemente la paz social, el libre ejercicio de los derechos, la economía local y la seguridad personal.
“Si bien existen disposiciones penales locales y en las entidades federativas que sancionan la extorsión en su modalidad tradicional, es una realidad que el fenómeno ha evolucionado con prácticas más sofisticadas, agresivas y diversas, que requieren una respuesta penal específica y proporcional”, apuntó.
En tanto, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que, los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse la prohibición de la extorsión.Presentan reforma al código penal para aplicar 30 años de cárcel y multa de 6 mil UMAS a quien comenta extorsión.
