Jaime GUERRERO | El Piñero
Araceli García Hernández, Presidenta Municipal y los Concejales del Ayuntamiento de Reforma de Pineda, de la región del Istmo de Tehuantepec, están bajo la mira de la LXIV Legislatura por cometer violencia política por razón de género en contra de la regidora independiente, Rosa María Aguilar Antonio, al grado de crearle una regiduría denominada “de ornato”.
Al seno de la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios, ya obra un expediente, primero para exhortar a la munícipe y sus aliados y de no prosperar, le advierten que le revocaran el mandato.
Y es que tras una serie de Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, por la vulneración de su derecho político electoral de ser votada, en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa, por la omisión de convocarla a sesiones de cabildo, la negativa de pagarle sus dietas y por violencia política en razón de género, la concejal ha obtenido fallos a favor del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
En otro, radicado en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la munícipe solo se ha logrado que no se desvirtuara su “modo honesto de vivir”.
En el expediente (JDC/125/2019), resuelto mediante sentencia de fecha 15 de enero del 2020, el TEEO condenó a la Presidenta Municipal de Reforma de Pineda, celebrar sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, debiendo convocar debidamente a la actora Rosa María Aguilar Antonio; así como a realizar el pago de las dietas adeudadas por el periodo de la primera quincena de junio de dos mil diecinueve, a la primera quincena de enero del año dos mil veinte.
Por otro lado, la sentencia indicada, vincula a diversas autoridades estatales, así como a la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los Casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios en el Estado, de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para que de manera inmediata y en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas que conforme a la ley, resulten procedentes, para proteger los derechos y bienes jurídicos de la ciudadana Rosa María Aguilar Antonio.
Por lo pronto, la diputada de la autollamada bancada de Mujeres Independientes (MI), Aleyda Serrano Rosado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a García Hernández e integrantes del Ayuntamiento de Reforma de Pineda, a abstenerse de realizar cualquier acto de molestia en contra de Aguilar Antonio, que puedan configurarse en algún tipo de violencia en razón de género especialmente la de índole político.
Además se le hace del conocimiento a la Presidenta Municipal, y a los concejales integrantes de dicho Ayuntamiento, que la violencia política por razón de género decretada por un órgano jurisdiccional, es causal para declarar la suspensión o revocación del mandato de uno o más de sus integrantes, tal como lo disponen los artículos 60 fracción VI y 61 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
Y es que el ARTÍCULO 60 establece que son causas graves para la suspensión del mandato de algún miembro del ayuntamiento, entre otros elementos, por la violencia política ejercida por razón de género, decretada por un órgano jurisdiccional.
Mientras que el ARTÍCULO 61, advierte que es procedente la revocación, la realización reiterada de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
De la misma forma, la inejecución de sentencia en materia electoral y la violencia política ejercida por razón de género, decretada por un órgano jurisdiccional.
Bajo esa perspectiva, demandó a la Presidenta Municipal y concejales integrantes del ayuntamiento de Reforma de Pineda, para que den cabal cumplimiento a la sentencia emitida por el pleno del TEEO, en el expediente número JDC/125/2019, promovido por Aguilar Antonio, recordándoles que el incumplimiento de una resolución judicial en materia electoral, es una causal grave para declarar la suspensión de su mandato.
