Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Benjamín Viveros Montalvo, rechazó que la autorización a los 570 municipios de Oaxaca para que soliciten financiamiento en conjunto por más de 8 mil 333 millones de pesos, para obras de infraestructura, signifique endeudamiento y afirmó que no es un “cheque en blanco” para las autoridades municipales.
Recordó que esta solicitud de autorización que presentó el gobernador Salomón Jara Cruz, es un procedimiento que se hace año con año, para que los municipios accedan a recursos y ejecuten obras de infraestructura.
El coordinador de la bancada de Morena, recordó que existe un convenio con Banobras, para que los municipios puedan hacer uso de uno o varios créditos para poder avanzar con los proyectos de infraestructura en beneficio de los municipios.
Viveros, Montalvo, destacó que, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, los municipios hacen un análisis previo para poder contratar los financiamientos ante Banobras, en función de la capacidad de endeudamiento y que no exceda las administraciones municipales en funciones.
Este miércoles, con 34 votos a favor de Morena, PT, PVEM, Fuerza Por México y hasta los diputados de la oposición del PRI y MC, el pleno del Congreso, autorizó a los 570 Municipios de Oaxaca, a contratar con cualquier institución bancaria del país deuda pública por un monto conjunto de 8 mil 339 millones 779 mil 51 pesos para proyectos de infraestructura.
La propuesta fue del Gobernador, Salomón Jara Cruz, para que los 570 municipios, puedan contratar uno o varios financiamientos, afectando como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, hasta el 25% del derecho a recibir y los importes líquidos que anual e individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (el “FAIS Municipal”).
El dictamen contó con el voto a favor de la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán y del diputado del PRI, Javier Cacique Zarate, quienes está vez no objetaron el destino y uso de esos potenciales recursos.
La contratación de deuda pública, podrá realizarse por conducto de funcionarios o representantes legales facultados qué gestionen y contraten de manera individual con cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano, uno o varios financiamientos, a tasa fija, hasta por el monto que para cada Municipio se indica en un tabla para el destino, plazos, términos, condiciones y con las características que se autorizan.
Asimismo, se hizo un análisis de la capacidad de pago de cada uno de los Municipios, del destino que darán a los recursos que obtengan con motivo de la disposición del o de los financiamientos que contraten, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal.
Cada Municipio podrá contratar el o los financiamientos autorizados, en el transcurso de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 inclusive, y deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate; esto es:
A más tardar el 30 de noviembre de 2027, para el caso de Municipios que se rigen por el Sistema de Partidos Políticos, y a más tardar el 30 de noviembre de 2028, para los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, cuya administración municipal inicia a partir del 1 de enero de 2026.
Cada contrato que al efecto se celebre, deberá precisar el plazo máximo en días y la fecha específica de vencimiento para el financiamiento.
