Vicente Bello
Ciudad de México.- José Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a quienes han planteado al presidente Enrique Peña Nieto hacer un frente común contra las agresiones de que es objeto el país y los mexicanos por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Y arengó al presidente mexicano a “que defienda la dignidad de los connacionales en su próximo encuentro con Trump”.
El ombdusman se presentó ayer en San Lázaro para la presentación del informe anual de la CNDH correspondiente a 2016.
En su discurso de presentación, dijo que ante los “inminentes cambios en la política migratorio, económica y social de los Estados Unidos de América se requiere que todos aquellos que estemos comprometidos con el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos, con sustento en el marco jurídico internacional, formemos un frente común para denunciar y oponernos a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia, o que atente contra la dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y genere imitadores”.
En su opinión, “es necesario insistir en que las y los defensores de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales debemos diferenciar la ilegitimidad de estas conductas mediante su condena y la construcción de espacios de defensa”.
Y convocó incluso a “no permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, un discurso que promueva el menoscabo a los derechos de las personas y deje de lado la dignidad humana”.
Oratoria de 20 minutos en la tribuna de la Comisión Permanente. Después, en conferencia, Luis Raúl González Pérez aseguró que el muro que pretende construir el presidente Trump “viola los derechos humanos reconocidos universalmente”, y entonces fue cuando instó a “hacer un frente común para denunciar expresiones de discriminación, exclusión o racismo que atenten contra la dignidad de las personas”.
Subrayó: “El presidente Enrique Peña Nieto debe defender la dignidad de nuestros connacionales en cualquier mesa de negociación, es decir, que prime el interés de los mexicanos, de México, en cualquier mesa de trabajo”.
INFORME 2016
En lo que fue considerado por los legisladores como el posicionamiento político medular en su informe de labores 2016, el ombdusman nacional dijo que “la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley se ha perdido ante la impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficacia administrativa, que las personas advierten y padecen de manera cotidiana”.
El presidente de la CNDH aseguró que durante 2016 México “atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia”.
Fue de tal gravedad, insistió, que “esta situación desafió la capacidad y dirigencia de las instituciones, generando dudas sobre la pertinencia de nuestro sistema democrático y la necesidad misma de proteger los derechos fundamentales”.
José Luis González Pérez criticó severamente que “en el ámbito legislativo, se formularon iniciativas que sentaban las bases para propiciar la práctica de la venganza privada, al promover que la sociedad tuviera acceso más libre a la posesión de armas de fuego, lo cual, además de depositar implícitamente en la ciudadanía la responsabilidad de preservar su propia seguridad, contribuiría a generar un entorno propicio para otros hechos de violencia si no se siguen protocolos adecuados”.
Y apostilló: “La inseguridad, la violencia que afecta nuestra infancia y adolescencia, no debe atenderse exclusivamente mediante acciones reactivas, como podría ser la operación mochila segura, que además puede vulnerar derechos humanos si no se siguen los protocolos adecuados para preservar los derechos de la infancia y la adolescencia. Y la prevención debe ser una prioridad para las familias, autoridades escolares y para los gobiernos”.
Aludió directamente a los hechos de Nuevo León, en que un niño del nivel básico mató a su maestra, a dos de sus compañeros y luego se suicidó: “No podemos confundirnos, hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León, nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos tales como el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas”.
En opinión del ombdusman, “las armas en las casas, no obstante que sean legales, no son la solución a los problemas de inseguridad, las armas en los hogares deben de ser controladas y debidamente resguardadas por sus poseedores. Además de que las campañas de despistolización deben de ser permanentes y fortalecerse”.
Incluso dijo que “cada arma que se retire de la sociedad implica una posibilidad menos de que se generen nuevos hechos violentos y que se victimice a una niña, niño o adolescente”.
NULA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO
Dijo que durante 2016 las instituciones del país “fueron severamente cuestionadas por factores como la falta de rendición de cuentas, la impunidad, los conflictos de intereses, así como por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, en las cuales se advirtió un entramado de corrupción y de falta de aplicación de las normas”.
Agregó que en materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derecho humanos fueron: el IMSS, en 2074; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 619; Un caso, ISSSTE.
La Policía Federal, 660; la SEP, en 537; el Instituto Nacional de Migración, 532; la PGR, 512; la Sedena, 439; la Semar, 258; y la Sedesol, en 247 casos.
El ombdusman dijoi que si se agrupan las autoridades señaladas como presuntas responsables de algún abuso de poder por sectores “tendríamos que durante 2016, respecto del sector salud se habrían presentado 3 mil 79 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado mil 835 y en el sector educativo 685”.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN ENTIDADES
En su informe, la CNDH refiere que las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: la Ciudad de México en dos mil 255 casos; estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443 y Oaxaca, 422. En este apartado, respecto de 2015, resalta un aumento de 31.4 por ciento en los casos denunciados en el estado de Chiapas y de 20.9 en el estado de Oaxaca.
Y las violaciones a derechos humanos, dijo González Pérez, más frecuentes, fueron: Prestación indebida del servicio público, dos mil 299 casos; omitir proporcionar atención médica, dos mil 155; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 417; detención arbitraria, 548; trato cruel, inhumano o degradante, 528; negligencia médica, 483; acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad, 477; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, 467; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de migrantes y de sus familias, 462 y prestar indebidamente el servicio de educación, 387.
TORTURA A LA ALZA
El presidente de la CNDH afirmó que en lo que respecta “a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, se registraron 216 expedientes de queja en los hechos que se denunció tortura; 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada, un incremento del 332 por ciento y del 36.3 respectivamente, en comparación con 2015”.
Siguió el ombdusman con su retrato hablado de los derechos humanos en México: “Las cinco autoridades que fueron destinatarias del mayor número de recomendaciones son el IMSS, señalado en 15 casos; Marina con 7; PGR con 6; la Comisión Nacional de Seguridad con 6; la Secretaría de la Defensa Nacional con 5”.
Aseguró que “los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de liberación hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas. En siete recomendaciones se acreditó la existencia de tortura y en 11 tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Durante 2016, insistió el ombdusman, la CNDH emitió cinco recomendaciones en las materias de ejercicio de la libertad de expresión, los agravios a personas defensoras de derechos humanos, la falta y actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y sur elación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, y la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales del país.
Incluso, en 2016, emitió cuatro informes especiales en torno de diversas violaciones a derechos humanos. Y citó: “Tales como el desplazamiento forzado interno, el estado que guardan las recomendaciones en trámite que ese organismo nacional dirigió a los tres niveles de gobierno, la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, así como las condiciones de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión”.
Incluso la CNDH “realizó un estudio especial sobre la situación de la población afrodescendiente en México”.
Dijo también que “ante la relevancia de los casos que conoce el mecanismo nacional de prevención de la tortura a cargo de la CNDH emitió por primera vez cinco recomendaciones propias del mecanismo, las cuales estuvieron referidas a las condiciones de los centros de reclusión que dependen de los gobiernos estatales de Hidalgo, Quintana Roo y Nuevo León, así como de la Fiscalía General del estado de Veracruz y de diversas presidencias municipales de esa entidad”.
LA EJECUCIÓN SUMARIA DE TANHUATO
El presidente de la CNDH aseguró que es de mucho destacarse “la emisión de la Recomendación 4-G/2016 por violaciones graves a los derechos humanos consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro civiles, la tortura a dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán”.
LA CNDH Y EL CASO IGUALA
El presidente José Luis González Pérez dijo que con relación al caso Iguala, en el mes de abril de 2016, la CNDH dio a conocer el reporte sobre la posible participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la policía federal en la desaparición de los normalistas que viajaban en el autobús 1531, ocurrida en el puente del Chipote de Iguala el 26 de septiembre de 2014, en el cual –precisó- “la información que se dio a conocer constituyó de facto el punto de partida de una segunda ruta de desaparición, que deberá ser investigada por la autoridad competente para determinar con certeza lo sucedido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, una vez que agentes policiales los sustrajeron del lugar antes referido”.
Añadió el ombdusman nacional: “En este caso, si bien se había evidenciado la intervención de los agentes de policía, pertenecientes a los municipios de Iguala y Cocula en los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre, la CNDH habría recabado información testimonial que también haría presumir la participación de elementos de policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la policía federal en los hechos ocurridos, como señalé, en puente del Chipote”.