Jaime GUERRERO | El Piñero
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral que plantea reducir de 500 a 300 el número de diputados, consolidar al INE, quien tendría la rectoría plena de los procesos electorales a nivel nacional y local, al desaparecer los organismos públicos locales y establecer la segunda vuelta electoral.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que la propuesta no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena.
En conferencia de prensa en el CEN del PRI, acompañado de diputados de su bancada, señaló que la reforma electoral que promueve Morena es poco seria, no abona a resolver los problemas en esta materia y atenta contra las instituciones, principalmente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y “no vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral”.
En su paquete de iniciativa de reforma electoral, destaca la propuesta de crear la figura de vicepresidente de la República, que podría sustituir al Presidente en caso de ausencia definitiva, además, establecer la segunda vuelta para la elección presidencial y permitir “mayor libertad de expresión en las campañas” a fin de que los gobernantes puedan participar pero sin el uso de recursos públicos.
Primero, dijo, se plantea reducir las diputaciones de 500 a 300; 150 de mayoría relativa y 150 de representación proporcional y se establecería límites para evitar la sobrerrepresentación como ocurre actualmente con Morena.
Señaló que, al disminuir los distritos, se reducen también las juntas locales, lo que generaría un ahorro más de mil 730 millones de pesos.
En segundo lugar, comentó, se propone una segunda vuelta en la elección presidencial, tal como sucede en otras democracias.
Apuntó que el tercer eje establece la creación de la figura de Vicepresidencia de la República, su titular iría en la misma fórmula que el Presidente de la República y sería electo en el mismo término.
“Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al Presidente, que permita desahogar los asuntos de política interior y se da certidumbre al proceso de sustitución del jefe del Ejecutivo Federal en caso de ausencia absoluta”, explicó.
Moreira Valdez apuntó que en el cuarto eje, su propuesta estipula una mayor libertad de expresión durante las campañas electorales de particulares y gobernantes, pero sin uso de recursos públicos.
“Se propone transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral, es decir, todas las medidas cautelares que van al INE y luego son llevada a los tribunales”, comentó.
En quinto lugar, indicó, se plantea la reducción de hasta el 30 por ciento del financiamiento público a partidos políticos, llevados en porcentajes de 10 por ciento anual hasta llegar al límite y la ampliación del financiamiento ciudadano global.
En sexto lugar, dijo, se propone el combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, con la creación de un sistema nacional de protección electoral, con un consejo integrado por el gabinete de seguridad, autoridades fiscales, la FGR, el INE y los gobernadores de los estados.
“Planteamos la obligación de los partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de pre candidatos, familiares y equipos de trabajo, protocolos de protección a quienes lo soliciten, anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado, sanciones a partidos que postulen candidatos ligados a la delincuencia y suspensión de campañas, y establecer un observatorio ciudadano en materia de riesgos de seguridad”, dijo.
El séptimo eje, expuso, se propone el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, lo que abarataría los costos de las elecciones, facilitaría el flujo de información y resultados durante la jornada y mayor certidumbre en el conteo de votos.
El octavo punto, subrayó, se estipula la nacionalización plena de comicios federales y locales, a fin de consolidar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con un presupuesto de cálculo fijo, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.
“El INE asume la rectoría de los procesos federales y locales, y las OPLES desparecen, es decir, se elimina el sistema mixto”, indicó.
El noveno eje estipula el fortalecimiento de nombramiento de consejeros electorales, en donde se mantiene el proceso actual de convocatoria, registro, conocimiento y evaluación de los aspirantes a este cargo.
Sin embargo, se implementa un método de elección en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación será el responsable de realizar ternas de aspirantes y la Junta de Coordinación Política se encargará de insacular a una persona de cada lista que serían los elegidos como consejeros electorales.
Plantea el fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia y del TEPJF,
reforzando los mecanismos de nombramientos y remoción del presidente de la Sala Superior y una defensoría pública electoral a nivel constitucional, establecer juicios en línea y el nombramiento de magistrados por insaculación ante la SCJN.
