Jaime GUERRERO
Oaxaca.- “En Oaxaca hay una total ausencia de la autoridad, así con todas sus letras (…) ni el gobierno local, ni la procuraduría, ni los presidentes municipales, en sí los actores políticos por acción o por omisión cumplen con su responsabilidad por eso son esos reclamos con gritos, llantos, pancartas y manifestaciones porque algunas llevan más de 20 o 30 años reclamando”, afirmó la Coordinadora Nacional de la Consulta para la Pacificación y Reconciliación, Loretta Ortiz Ahlf.
El pasado sábado, encabezó el Foro Escucha donde se enteró de voz de activistas y ex funcionarios del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, de los hechos del 1996, 2006 y 2016. Así mismo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y presos políticos.
Al hablar sobre Oaxaca, dijo que “tenemos una situación grave en Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, pero en Oaxaca se agrava más” por los que llamó presos políticos, los feminicidios y las represiones como el caso de Nochixtlán, en el sexenio de Cué Monteagudo, asesinato de defensores o desapariciones, cooptación de territorios y no respeto de los pueblos originarios.
A juicio de Ortiz Ahlf, hay violaciones graves a los derechos humanos y obliga al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a cumplir.
En el foro, la representante de López Obrador, escuchó reclamos de justica y las acciones del ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador Diódoro Carrasco, en la región Loxicha por la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), pasando por la revuelta de 2006 en sexenio del panista Vicente Fox y el priista Ulises Ruiz Ortiz.
Lo mismo, los enfrentamientos en Nochixtlán en 2016 que ordenó el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y Cué Monteagudo.
Por lo pronto, dijo que la justicia transicional abarca los ejes de justicia, verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición y el 24 de octubre se presentaran las conclusiones para entregar un proyecto de ley de justicia transicional y de amnistías que se llamará Ley General de Justicia Verdad y Garantías de no repetición y reparación a las víctimas.
Ortiz Ahlf, reiteró que la unidad de seguridad humana por la paz que estará a su cargo para el proceso de pacificación en el país no es obra ni de una secretaria es todo el gobierno federal y los locales.
En tanto, destacó que será necesaria una reforma constitucional porque los que se van a someter a ese sistema de justicia son crímenes de lesa humanidad, ejecuciones, desapariciones, feminicidios, tortura, delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, trata de niños, niñas y adolescentes, así como tráfico de migrantes.
En el caso de los presos políticos se va analizar caso por caso al igual que a los presos por su ideología política, sedición, niños, niñas adolescentes cooptados por el crimen organizado y que no haya cometido acto violento, mujeres en la cárcel, presas porque cometieron un aborto.
Aclaró que nunca va a proceder una amnistía por desaparición, ejecución, feminicidios, delitos contra de periodistas, tortura o tráfico de migrantes ni disminución de penas como el caso de Javier Duarte.
No obstante, dijo que lo primero es atender la parte de la justicia y a la par entrar con los procesos de paz
