Redaccion | El Piñero
Puebla.- El 10 de septiembre, Iztapalapa fue escenario de un incidente con una pipa de gas que dejó 21 personas fallecidas y 27 hospitalizadas, recordándole a todos que el transporte de sustancias peligrosas en zonas urbanas no es un juego. La emergencia encendió luces rojas hasta en Puebla, donde la diputada morenista Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para regular horarios y rutas de este tipo de vehículos.
La propuesta busca, entre otras cosas, establecer horarios precisos para el traslado de pipas, definir rutas seguras respaldadas por estudios técnicos y reforzar controles de verificación vehicular. Palomares asegura que no se trata de aprovechar la tragedia para sumar puntos políticos, aunque algunos críticos, con sorna incluida, sospechan que Morena ha descubierto la fórmula para convertir el dolor ajeno en agenda legislativa. Al mismo tiempo, el diputado Andrés Villegas Mendoza impulsó sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes realicen reclutamiento forzado, recordando que Puebla también tiene su cuota de jóvenes desaparecidos, liberados días después, pero que dejaron al descubierto una realidad que nadie quiere mirar de frente.
Mientras la pipa explotaba y los jóvenes desaparecían, las autoridades locales parecían aplicar la famosa técnica del “ver para creer”, dejando que los riesgos se acumularan hasta que el dolor obligara a mover ficha. La prevención, la planeación y la vigilancia fueron, una vez más, asignaturas pendientes; el público quedó con la incómoda sensación de que reaccionar después de la tragedia es la estrategia oficial.
De Iztapalapa a Amozoc, la lección parece clara: en Puebla y la capital del país, la seguridad ciudadana solo se acuerda de existir cuando el drama ya golpea. Quizá algún día las políticas preventivas dejarán de ser anecdóticas y se convertirán en rutina, antes de que la siguiente tragedia nos recuerde, con estruendo, que esperar nunca debería ser opción.
