Redacción El Piñero | Corresponsalía
Puebla.- En el tianguis municipal de San Martín Texmelucan, los comerciantes viven días de zozobra. Pablo Minor Alonso, abogado y autoproclamado “zar del comercio ambulante”, ha tomado la costumbre de decidir quién vende, dónde y cuánto paga por ocupar un espacio. Los vendedores denuncian que sus puestos están bajo amenaza constante, y que cualquier intento de resistencia es recibido con la advertencia de que los negocios “son de él”.
Los testimonios pintan un panorama que parece sacado de una fábula moderna: un grupo de comerciantes recibiendo visitas sorpresa de un abogado que, lejos de ocuparse de tribunales, prefiere pasear por los pasillos del tianguis con aire de inspector general, asignando puestos, imponiendo cuotas y recordando con un tono que roza la arrogancia: “estos espacios me pertenecen”. La situación ha generado miedo y tensión; algunos vendedores confiesan que dormir pensando en su puesto se ha vuelto deporte de alto riesgo.
Mientras tanto, las autoridades municipales y estatales parecen practicar un curioso deporte de invisibilidad: llamadas, denuncias y solicitudes de intervención chocan con una inexplicable calma oficial. Organizaciones de comercio y ciudadanos del tianguis han alzado la voz, pidiendo que se haga justicia y que los puestos sean para quienes realmente trabajan en ellos, no para quien tiene el carné de abogado y el apetito por el control absoluto.
Así, el tianguis de San Martín Texmelucan se ha convertido en un pequeño reino donde la ley parece flexible, los puestos se venden en subastas de miedo y los comerciantes son los súbditos de un abogado con talento para la intimidación. Entre risas nerviosas y susurros de protesta, los vendedores esperan que algún día la justicia recuerde que los puestos no se heredan por toga ni se conquistan con amenazas.
