Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- En los últimos años, en Oaxaca la explotación minera se ha desarrollado de manera exagerada, en año y ocho meses que va de la actual administración esta actividad incrementó en un 31.7 por ciento, asimismo, se tiene contemplado impulsar 41 proyectos mineros de gran escala, independiente de las 322 concesiones mineras vigentes en la entidad.
Según datos del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, durante 2017, primer año de gobierno de Alejandro Murat, se volvieron a activar por lo menos 23 concesiones mineras, en este sentido, en marzo y abril de este año, el gobernador participó en tres eventos internacionales para promocionar el potencial minero e invitar a los inversionistas extranjeros.
A principios de marzo acudió Toronto, Canadá, al Mexico Mining Day (Día de la Minería en México), en el marco de la Feria Internacional Minera organizada por la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, ahí anunció que en Oaxaca se invertirán en este sector más de 87 millones de dólares en los próximos seis meses.
En de ese mismo mes, participó en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018, realizado en Brasil, donde promovió las ventajas que posee el estado para convertirse en un corredor competitivo interoceánico y clúster de logística multimodal en la región del Sureste del país.
Mientras que a finales del mes de abril, Alejandro Murat, asistió a la Feria Industrial Hannover Messe, en Alemania, donde destacó que en Oaxaca se encuentra la reserva de fierro más grande de América Latina; y que la entidad es el quinto productor de plata y el décimo de oro a nivel mundial.
Por su parte, Juan Pablo Guzmán Cobián, titular de la Secretaria de Economía, ante medios de comunicación, resaltó la importancia del fondo minero que supuestamente impulsa la infraestructura social en comunidades en las que se realizan actividades de exploración o explotación minera, durante 2017, para este fondo recibieron 60 millones de pesos solo de dos proyectos: El Doctor y San José.
Los datos que no menciona el gobierno estatal son de las afectaciones que ocasiona la instalación de mineras, en respuesta, comunidades, ejidos y municipios de las ocho regiones del estado desde hace años han emprendido acciones en defensa de sus territorios, su libre determinación y autonomía, en fechas recientes estos temas han tomado mayor relevancia.
Las comunidades denuncian que la industria minera genera impactos negativos en el medio ambiente que afectan el agua, la tierra y los ecosistemas, además de las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.
Así como despojo de sus territorios, ya que la Secretaria de Economía Federal asigna las concesiones sin tomar en cuenta a las comunidades, violentando sus sistemas normativos internos en la toma de decisiones, aunado a esto, las agresiones contra las y los activistas defensores del territorio han aumentado.
En este contexto, la organización civil Educación Alternativa A.C. (Educa), mediante su primer boletín anti minero, señaló que todos estos actos arbitrarios son con complacencia de las autoridades gubernamentales federales, estatales y en algunos casos municipales.
También acusan que en el caso de Oaxaca, el gobierno de México a través de la Procuraduría Agraria, ocupa programas sociales para ejercer presión a las comunidades para que acepten los convenios con las empresas mineras y sedan el dominio pleno de sus ejidos y comunidades.
Entre estos programas están, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE); Programa Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA); y el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), así como a las y los visitadores de la Procuraduría Agraria.
Comunidades en resistencia
En Oaxaca existen varias pugnas, comunidades contra autoridades gubernamentales y empresas trasnacionales, en un informe realizado en 2017 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, señala que existen 321 conflictos indígenas en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente mineros, ocupando Oaxaca el segundo lugar a nivel nacional con 46 conflictos.
Los casos que destacan en el informe son cuatro: 1. San Jerónimo Silacayoapilla, en la Mixteca, donde rechazaron el proyecto de la empresa minera Arco Resoursces Corporation; 2. Magdalena Teitipac, en los Valles Centrales, donde habitantes se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, ahí ya se dio contaminación de mantos freáticos durante sus trabajos de exploración.
3. Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, impidieron la explotación minera a pesar del otorgamiento de concesiones mineras; 4. San José del Progreso, también en los Valles Centrales, esta comunidad solicitó a la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis, y Progreso III, autorizadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, mismas que fueron otorgadas sin consulta ni consentimiento previos.
Otros casos de oposición que se han dado son: el Magdalena Teitipac, en el distrito de Tlacolula, perteneciente a los Valles Centrales, en sesión solemne de cabildo, ratificaron el acuerdo de territorio prohibido para actividad minera, manifestándose a favor de la vida y en contra de la minería.
Asimismo, 70 comunidades del estado, 33 autoridades comunitarias y 36 organizaciones se pronunciaron por la cancelación de concesiones mineras en Oaxaca y exigieron respeto a los derechos territoriales de los pueblos, esto en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones: Aquí decimos: Sí a la Vida, No a la Minería, efectuado en el marco del quinto aniversario de lucha contra la minería y en defensa de la madre tierra en febrero de este año.
Mientras, en la región Mixteca, autoridades agrarias y el ayuntamiento de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y se manifestaron en sus accesos para impedir los trabajos de exploración y explotación de 195 mil hectáreas, la concesión fue dada a la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V. para la explotación de antimonio, plata, oro, plomo, zinc, cobre y mercurio.
En la Sierra Norte, comunidades agrarias de la zona Mixe realizaron el primer foro: Fortaleciendo estrategias de defensa del territorio y la biodiversidad, en Santiago Zacatepec, Mixe, donde se manifestaron en contra de los proyectos mineros que ponen en riesgo a las montañas donde nacen las principales fuentes de agua para la región.
También en las regiones de la Sierra Sur y la Costa, diversas comunidades realizaron un foro en San Juan Quiahije para declararse en contra de la minería, a su vez, en las comunidades de el Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron un reglamento interno ejidal, donde establecen disposiciones para la protección de su territorio y de sus bienes naturales.
En los Valles Centrales desde el año 2015 se reforzó la lucha contra las mineras, nueve ejidos y comunidades de los distritos de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declararon sus territorios prohibidos para la minería.
En la región del Istmo, más de 40 comunidades han pronunciado sus territorios como prohibidos para las actividades mineras, denunciando además a la Secretaria de Economía por seguir otorgando concesiones que generan conflictos internos y violentan los derechos de los pueblos.
El último caso se dio a finales del mes pasado, un total de 30 comunidades indígenas, rurales y campesinas de los distritos de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos y Ejutla de Crespo, además de 25 colectivos y organizaciones civiles participaron el pasado 22 de julio en la conmemoración del Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería en San Antonino Castillo Velasco.
Allí acordaron convocar a un juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras los días 11 y 12 de octubre de 2018 en Oaxaca de Juárez, pues existe peligro latente en la región de los Valles Centrales por la concesión de 90 mil hectáreas a las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp para explotación minera.
Los afectados señalaron que el juicio tiene como objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros.
Tambien, exigieron al gobierno federal y estatal, la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, así como la cancelación de los proyectos mineros San José, Trinidad Norte y El Águila.
