Jaime GUERRERO
Lo que para muchos debiera haber sido un llamado urgente a la reflexión y al respeto hacia las mujeres, se convirtió en motivo de burla para el diputado local de Morena Oliver López García, en medio de señalamientos graves por cosificar y estereotipar a mujeres jóvenes con criterios estéticos para ocupar supuestos empleos.
En redes sociales y grupos públicos de conversación, circuló un post atribuido al legislador con la frase “Puras de 18 años”, acompañado de una imagen de una botella de whisky de 18 años de alejamiento y un saludo desde Lagunas El Barrio de la Soledad, que muchos interpretaron como mofa ante las críticas públicas recibidas.
El tono, lejos de mostrar arrepentimiento o seriedad, reforzó la percepción de que López García trivializa la indignación social por la manera en que habría operado para reclutar mano de obra femenina.
El reclamo no es menor: testimonios de mujeres compartieron cómo fueron contactadas por el diputado a través de Facebook y WhatsApp, con mensajes en los que se les solicitaba concretar entrevistas para futuros empleos bajo la premisa de que “primero había que conocerse” físicamente, con insinuaciones sobre su apariencia más que sobre su currículo laboral.
La polémica llegó hasta la tribuna del Congreso del Estado y generó reacciones diversas dentro del mismo poder legislativo.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Tania Caballero Navarro, aseguró que el Congreso no tiene facultad para imponer sanciones directas al diputado señalado, y que correspondía a las víctimas presentar denuncias ante las instancias competentes para que, en su caso, la ley determine las responsabilidades correspondientes.
No obstante, Caballero afirmó que no se tolerará violencia de ningún tipo contra las mujeres, aunque reconoció la limitación de facultades del propio poder legislativo para remover a un diputado sin un proceso jurisdiccional.
Legisladoras de diferentes fuerzas señalaron que la situación evidencia la urgencia de protocolos institucionales más eficaces para prevenir, sancionar y erradicar conductas sexistas dentro del Congreso.
Aun así, insistieron en que sin denuncias formales, las herramientas actuales son insuficientes para aplicar sanciones administrativas, “por más graves que sean las denuncias públicas”.
El gobernador Salomón Jara Cruz, también de Morena, fue cuestionado sobre el caso en un contexto más amplio de exigencia ciudadana para frenar prácticas que vulneren derechos laborales y personales.
Aunque Jara concedió que este tipo de conductas “no pueden permitirse” y llamó a que se den aclaraciones, el legislador parace que asume una postura banal.
Legisladoras señalaron que, pese a que hay señales claras de conductas indebidas, la falta de herramientas internas y la protección automática que ofrece la militancia complican cualquier avance real en sanciones.
Además, el mismo Congreso ha admitido la necesidad de revisar su Código de Ética y promover talleres de sensibilización para diputados.
