Jaime GUERRERO
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que de enero a septiembre de 2025, el Gobierno Federal logró una recaudación histórica de 4.6 billones de pesos, un incremento de 542 mil millones de pesos respecto al mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento del 9.1% en términos reales, descontando la inflación.
Este logro, alcanzado sin incrementar impuestos, refleja la confianza de la ciudadanía y el sector empresarial en el uso honesto y transparente de los recursos públicos.
Durante la conferencia matutina “La Mañaneras del Pueblo”, Sheinbaum destacó el esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los contribuyentes, señalando que “esto muestra no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino el cumplimiento del pago de impuestos y derechos del 99.9% de las y los mexicanos”.
La presidenta subrayó que, en comparación con los 3 billones recaudados en el mismo periodo de 2019, el crecimiento es notable, impulsado por el fortalecimiento de la economía y el combate a la evasión fiscal.
El titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora, proyectó que para 2026 se esperan ingresos por 6.4 billones de pesos, un aumento de 496 mil 309 millones de pesos respecto a la meta de 2025, que se estima cerrará en casi 6 billones.
Este incremento del 4.3% en términos reales se logrará sin nuevos impuestos ni modificaciones al Impuesto sobre la Renta (ISR) o al Impuesto al Valor Agregado (IVA), priorizando el combate a la corrupción, los privilegios, la evasión y el contrabando.
Por su parte, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, atribuyó el éxito a la estrategia del gobierno y al cumplimiento fiscal de la ciudadanía y las empresas. Resaltó que cerca de 200 mil millones de pesos adicionales provienen de las aduanas, resultado de medidas de fiscalización y transparencia.
Reforma contra factureras: cero tolerancia a la evasión
Martínez Dagnino también detalló los avances en la lucha contra las empresas factureras, un problema que afecta gravemente al fisco federal.
Entre las medidas propuestas, que ya están en discusión en el Congreso, destacan la prohibición de inscribir nuevas empresas vinculadas a socios, accionistas o representantes legales de factureras, la negación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Firma Electrónica a dichas entidades, y la exigencia de un comprobante de domicilio. Además, se plantea agilizar los procedimientos contra estas prácticas ilícitas, reduciéndolos a un máximo de 24 días, y cancelar los sellos de facturación desde el inicio de las investigaciones, respetando el derecho de audiencia.
La reforma incluye sanciones más duras, como la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos relacionados con la venta o compra de facturas falsas, en línea con la modificación al Artículo 19 de la Constitución.
Estas medidas buscan garantizar la integridad del sistema fiscal y proteger los recursos destinados a los Programas para el Bienestar, infraestructura, educación, salud y vivienda.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que los recursos recaudados se destinarán a fortalecer los programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno, consolidando un modelo de desarrollo basado en la justicia social y la transparencia.
