Jaime GUERRERO
Oaxaca.- El Juez Juez Décimoprimero de Distrito de Oaxaca, perteneciente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación (PJF), negó la suspensión definitiva a Carlos Altamirano Toledo, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), solicitada en el juicio de amparo contra la LXIII Legislatura, por presuntos actos de inconstitucionalidad en las reformas que crean el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y que lo desaparecen en el cargo.
Con lo anterior, además de no detenerse el proceso de selección de candidatos, una vez concluido el procedimiento, la legislatura local si podrá realizar el nombramiento del nuevo titular de ese organismo y los tres sub-auditores, por tanto, es inminente la salida del perredistas que en todo momento fue azuzado por su sobrino y actual coordinador de los diputados locales del PRD, Carol Antonio Altamirano, para aferrarse al cargo y cobrar sus sueldos no devengados.
La audiencia constitucional del Juez, será es el próximo 14 de noviembre, sin embargo, al negarle la suspensión definitiva, al elegir el Congreso del Estado, a los nuevos titulares del OSFE, será un acto consumado y la situación jurídica cambiara y no será favorable para Altamirano Toledo.
Y es que el pasado 11 de octubre, el PJF, concedió a Altamirano Toledo, la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo contra la LXIII Legislatura, por presuntos actos de inconstitucionalidad en las reformas que crean el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y que lo desaparecen en el cargo.
La resolución del PJF, significaba abstenerse de designar un titular de éste órgano hasta que se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. No obstante, el PJF, le negó la suspensión definitiva a Altamirano Toledo, quien ambiciona sus salarios y así lo pidió a los diputados para irse de la ASE.
Por lo pronto, el Juez Decimoprimero, justificó su negativa a la suspensión definitiva, al señalar que “el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría”.
“Tratándose de normas jurídicas debe atenderse a las circunstancias que las motivaron y a sus fines para determinar si son o no de orden público y, en su caso, si la suspensión es o no procedente”.
“En ese tenor se considera de orden público aquella disposición cuya expedición reconoce como causa próxima una necesidad del conglomerado humano, una situación perjudicial en que aquél se encuentre o pueda encontrarse, o un problema que lo afecte o pueda afectarlo, y siempre que dicha expedición tienda, de modo directo, a remediar o prevenir tales situaciones, acarreando, por tanto, un beneficio a la colectividad. Además, también se destaca que debe preservarse el orden público o el interés de la sociedad por encima del interés particular afectado, de tal manera que si el perjuicio a la colectividad es mayor al que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada”, asienta la determinación del Juez.
En el caso, Altamirano Toledo, solicitaba la suspensión definitiva a los actos reclamados para que no se siguiera ejecutando lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Decreto 695 aprobado por la LXIII Legislatura, mediante el cual se reformaran y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución de Oaxaca y en el artículo quinto transitorio del Decreto 699 por el cual se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, esto es, para que no se continúe con el proceso de selección del titular cfel Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca, en todas sus etapas hasta la designación del mismo.
Sin embargo, para el Juez Federal, las reformas a la Constitución Política, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron disposiciones en materia de combate a la corrupción, que motivaron a la reforma de la LXIII Legislatura y la Constitución de Oaxaca.
Entre ellos, la importancia del combate a la corrupción como tema prioritario para dar viabilidad no solo al desarrollo del país, sino a la preservación de la sociedad y del mismo Estado.
La necesidad de la prevención, la corrección y el combate a las prácticas de corrupción constituye un efecto de interés social que debe estar siempre presente en la agenda pública, agrega la determinación del Juez.
De tal suerte que el artículo 113 de la Ley Fundamental establece el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas
Por ello, precisa que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Por tanto, el Poder Legislativo de Oaxaca, reformó la Constitución Política y estableció el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Integrado por lo que hoy es el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca, que da paso a la salida de Altamirano Toledo. Actualmente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, está en la etapa de integración de las ternas que serán presentadas ante el pleno el próximo lunes, en sesión extraordinaria. Se la propalado que el sucesor de Altamirano Toledo, es Guillermo Megchún Velásquez, quien fue secretario de Finanzas en el sexenio de José Murat.
