Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
La Revocación de 1 mil 344 plazas ilegales de burócratas del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCE), es combatir la corrupción de Gobiernos pasados, debido a que, se entregaban a novios, novias, familiares y había “Venta Nocturna” con costos que van de los 250 mil hasta los 500 o 600 mil pesos, afirmó el Gobierno del Estado.
A través de una publicación oficial, la administración de Salomón Jara Cruz, afirmó que la medida aprobada por el Congreso, a propuesta del mandatario, generará más de 2 mil millones de pesos para fortalecer los programas de bienestar.
Reiteró que, en menos de una década, se incrementaron las plazas de base de 8 mil 187 a 12 mil 244, representando más del 47%, lo cual significa un aumento de más de 2 mil 24 millones pagados en servicios personales.
Y afirmó que las 1 mil 344 plazas revocadas hoy, fueron entregadas a amigos, familiares, novias, novios, esposas o esposos, sin que las personas beneficiadas cumplieran con los requisitos que marca la ley para otorgar un beneficio de esta naturaleza.
“Por ejemplo, se detectó la entrega de nombramientos a personal que no cumplía con el tiempo mínimo para ello, que es de seis meses, y algunas tenían apenas tres o cuatro meses”, refirió la publicación.
En otros casos, informó, hubo una “Venta Nocturna” de plazas, con costos que van de los 250 mil hasta los 500 o 600 mil pesos.
En defensa de la medida tomada, presumió que se reduce el pago de la nómina en servicios personales en aproximadamente 500 millones de pesos anuales, lo que equivale a un ahorro de más de 2 mil 205 millones de pesos durante los próximos 4 años.
Afirma que eso recursos serán destinados en beneficio de los más necesitados a través de diversos programas sociales “que nuestro gobierno implementó, para obras en las ocho regiones y para mejorar la seguridad pública”.
Asimismo, se reduce el riesgo de colapsar el Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado en beneficio de personas jubiladas, pensionadas y pensionistas.
“Esta medida es un claro ejemplo de la lucha contra la corrupción que tanto prohijaron los gobiernos pasados, lo cual es resultado de las malas prácticas y de actos de corrupción que están siendo investigados por las autoridades jurisdiccionales”, sostuvo.
El pasado miércoles, con 37 votos a favor de Morena y sus aliados y la simulación del votos en contra del diputado del PRI, Javier Caciaue Zarate, el pleno del Congreso, suprimió -a propuesta del Gobernador, Salomón Jara Cruz- 1 mil 344 plazas administrativas que entregaron en la administración de los ex gobernadores, Gabino Cue Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.
Según el dictamen esas plazas presentaban presuntas irregularidades y significaba una merma para el erario de más de 2 mil 205 millones de pesos.
En el decreto aprobado, se estableció que, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para el debido cumplimiento del presente Decreto, realizará inmediatamente los trámites administrativos que estime necesarios y revocará los nombramientos de empleo que correspondan a las plazas suprimidas.
En su caso, deberá revocar los nombramientos de empleo que cubran las plazas suprimidas y que hayan sido susceptibles de modificación o actualización con motivo del fallecimiento, licencia, jubilaciones o renuncia del empleado que ocupo la plaza suprimida de origen.
El dictamen Destaca que, el incremento desmedido de plazas de base dentro de diversos ejercicios fiscales, sobre todo en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, ha comprometido las finanzas públicas.
Del 01 de diciembre del año 2016 al 31 de noviembre del año 2022, el incremento de otorgamiento de plazas ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales, superior a $2 mil 24 millones 644 mil 966.03 pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal.
Para la administración de Jara Cruz, no pasa desapercibido el crecimiento desproporcional en anteriores ejercicios fiscales, toda vez que, en el 2013, la plantilla de personal de base era de 8 mil 187 trabajadores, y para el 31 de noviembre del año 2022, la plantilla de personal de base era de 12 mil 244 que representa un crecimiento del 47.80%, en menos de diez años, lo que desde luego coloca en una crisis a las finanzas públicas del Estado.
