Jaime GUERRERO
En el proceso de revisión de los patentes notariales otorgados en sexenios pasados, la Consejería Jurídica, detectó varios casos entregados sin cumplir con los requisitos legales y ligados a Presuntos, actos de corrupción y despojo de propiedades.
De acuerdo con el consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, hasta el momento se han revocado 14 patentes notariales debido a inconsistencias graves en los expedientes.
Los casos revisados revelan una práctica sistemática de asignación de notarías como pago de favores políticos, en donde no se priorizaban los méritos legales ni la experiencia, sino la cercanía con el poder.
Siempre precisar nombres, Vásquez Sagrero, existen expedientes de personas que obtuvieron un una patente notarial,
sin presentar exámenes, títulos profesionales ni acreditar edad o experiencia.
“Hay copias de credenciales, pero no hay actas de nacimiento, ni cédulas, ni constancias de prácticas. Absolutamente nada”, afirmó.
Uno de los casos más representativos es el de una ex notaria identificada como Laiditia Molina quien reconoció vivir actualmente en España y propuso mantener funcionando su oficina con apoyo de terceros.
“Eso no es posible”, remarcó el funcionario, al insistir en que el notariado debe ejercer de manera personal y directa, como lo establece la ley.
Otro caso es el de una ex secretaria técnica de la Consejería Jurídica del sexenio anterior, a quien se le otorgó el FIAT con solo 25 años de edad, cuando la ley exigía al menos 35.
La defensa de la notaria argumentó que recibió verbalmente una dispensa del requisito de edad, lo cual es jurídicamente inviable, ya que solo el Congreso del Estado puede otorgar dicha excepción, y por escrito.
La revisión de los patentes notariales, también ha revelado vínculos entre ex notarios y el llamado “cártel del despojo”, una red de corrupción y fraude que operaba mediante la alteración de documentos notariales y registrales para apoderarse ilegalmente de propiedades.
Vázquez Sagrero, citó el caso del ex notario Zárate, vinculado a un proceso penal y cuyo FIAT fue suspendido por orden judicial. Su hijo, ex titular del Instituto Catastral, fue recientemente condenado a más de ocho años de prisión por un caso relacionado con esa red.
A pesar de qué en la vía de los hechos es todo lo contrario, aseguró que no se trata de una “cacería” ni de un acto arbitrario, sino de un proceso legal en el que se garantiza el derecho de audiencia a todos los involucrados.
“Se les emplaza, se les informa de las inconsistencias y se les permite defenderse. No actuamos por consigna”, dijo.
Además, se han detectado otras irregularidades, como notarios que jamás ejercieron la función o notarías que continuaban operando pese a que sus titulares se encontraban prófugos de la justicia.
“Hemos clausurado notarías que operaban sin presencia del titular y donde incluso había señalamientos de vínculos con redes criminales”, expuso.
Vázquez Sagrero, refirió que,
el gobierno ha tomado control de los protocolos notariales recuperados, permitiendo que las personas con trámites pendientes puedan concluirlos a través de la Dirección de Notarías.
Qué pasó? Esto ha permitido, además, recuperar ingresos fiscales que antes quedaban en manos privadas. “Antes, si necesitabas un trámite, pagabas directamente al notario, no al Estado. Hoy el archivo y la rectoría están nuevamente en manos del gobierno”, puntualizó el consejero.
No obstante, destacó que los actos jurídicos realizados por notarios que han perdido su siguen teniendo validez, salvo que exista un pronunciamiento judicial que los anule.
Asimismo, en casos donde los despojos afectaron a particulares, se trabaja en la regularización de la propiedad, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y otras dependencias, para dar certeza jurídica a las familias afectadas.
“Lo que estamos haciendo es aplicar la ley, sin filias ni fobias. No podemos permitir que la fe pública siga manchada por intereses políticos o prácticas corruptas. Se trata de restablecer el Estado de Derecho y dar certeza al pueblo de Oaxaca”, concluyó.
