Jaime GUERRERO | El Piñero
Treinta y tres familias avanzan por el polvoriento camino hacia su nueva reubicación. Caminan con los pocos bienes que lograron rescatar de la violencia que destruyó sus hogares, pero cargan, sobre todo, historias de dolor, resistencia y un abandono que parece no tener fin.
Entre ellas van abuelitas, personas con discapacidad, niñas y niños cuyos recuerdos más nítidos ya no son los de su tierra, sino de la huida. Desde diciembre de 2020, estas familias han sido obligadas a vivir lejos de sus raíces, marcadas por la incertidumbre y el olvido institucional.
La madrugada del 20 de diciembre de 2020, hombres armados provenientes de la comunidad vecina de Santiago Xochiltepec irrumpieron en Río Santiago, disparando al aire y sembrando terror entre sus habitantes. Vecinos relatan que la agresión se extendió varias horas, obligándolos a escapar hacia la cabecera municipal de Santiago Textitlán, dejando atrás casas destruidas, huertos, animales y dos vidas humanas truncadas por las balas.
Lo que se vivió aquella madrugada no fue un enfrentamiento aislado, sino el punto más crudo de un conflicto social enquistado en la Sierra Sur de Oaxaca.
La disputa tiene raíces más profundas: una tensión prolongada entre las agencias de Río Santiago, Santiago Xochiltepec y la cabecera municipal de Santiago Textitlán, en torno a recursos públicos y la distribución de participaciones municipales, que se tradujo en violencia armada, quema de hogares y un desplazamiento forzado que tocó a decenas de familias.
Las víctimas recuerdan cómo sus hogares fueron incendiados y saqueados, cómo perdieron sus pertenencias más queridas y cómo fueron expulsados sin protección ni garantías.
Más de 200 personas —pertenecientes a alrededor de 46 familias— tuvieron que abandonar sus viviendas indígenas zapotecas y refugiarse en la cabecera municipal, donde muchos de ellos quedaron hacinados en casas de conocidos o en albergues improvisados.
Han pasado más de cinco años desde ese diciembre fatídico y, pese a las múltiples solicitudes, movilizaciones y protestas frente a las instancias estatales, estas familias sienten que han sido ignoradas por los tres niveles de gobierno.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió investigaciones y están en espera de judicializar a los responsables; mientras que las autoridades estatales aún no concretan respuestas.
En mayo de 2021 en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, los residentes desplazados incluso exigieron frente a la Secretaría General de Gobierno que se les permitiera regresar a sus casas con seguridad, denunciando que sus pueblos continuaban bajo guardias armados que impedían su retorno y que las casas permanecían destruidas o quemadas.
Un reclamo que sigue vigente
Hoy, estas 33 familias exigen lo elemental: que las autoridades volteen la mirada hacia Río Santiago, que se reconozca formalmente a su comunidad como desplazada por violencia, que les garantice seguridad inmediata, atención integral de sus derechos humanos y que la Fiscalía actúe para que este desplazamiento forzado no quede en la impunidad.
“No somos números, somos familias que queremos volver a vivir con dignidad, paz y justicia”, dicen mientras ayuda a calzar el paso lento de sus hijos por el camino de tierra.
