Por Carlos H. González
Las protestas y denuncias por irregularidades contra asociaciones de padres de familia es una información que a cada momento se refleja en los medios de comunicación. Ningún caso va más allá de los gritos y amenazas. Se desconoce en la actualidad, si algún directivo de estas organizaciones ha enfrentado la justicia. ¿Qué están proponiendo desde la Asamblea Nacional?
Fueron las diputadas Cenobia Vargas y Alina González, las proponentes del anteproyecto de ley N° 269 el pasado 14 de octubre y con el cual buscan modificar y adicionar algunos artículos al Código Procesal Penal para que quienes roben dinero de las asociaciones de padres de familia enfrenten la justicia de manera severa.
Además, la iniciativa crea un numeral aparte para lo relacionado con robos y vandalismos contra los centros educativos del país.
En su exposición de motivos, las diputadas destacan que “a diario ven en los medios televisivos y en los periódicos, titulares que enfocan el desastre de robos, vandalismos, ataques a padres de familia y ataques a educadores en plena faena de docencia”.
Sobre lo relacionado a tomar dinero de los padres de familia, la nueva normativa propuesta establece que “se adiciona el articulo 227 A del Código Penal” y quedará de la siguiente manera:
Articulo 227 A: La sanción será de cinco a diez años de prisión cuando lo apropiado sea fondos de dinero o bienes que administre o custodie la Asociaciones de Padres de Familia de los Centros Educativos; siempre, que la cuantía exceda los mil balboas (B/. 1,000.00).
Este anteproyecto de ley fue presentado ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, quienes deberán prohijarlo y someterlo a primer debate. En caso de aprobarse pasaría a un segundo y tercer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
