Ruth Escareño, una madre cristiana, comenzó a notar cambios preocupantes en el comportamiento de su hija de dos años después de recogerla de la guardería Techo Comunitario, en Chihuahua, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La niña, que lloraba y mostraba signos de dolor al tocarse su vagina, llevó a Ruth a sospechar de posibles abusos y a contactar a su pediatra, quien le aconsejó acudir a la fiscalía.
En la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), se confirmaron los abusos y se señaló a la maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez como la agresora. Un examen médico reveló desgarres en la parte anal de la menor, lo que evidenció la gravedad de los abusos.
La denuncia inicial, registrada bajo la carpeta 3926/2023, fue la primera de 26 casos de abuso sexual contra niños de entre 43 días de nacidos y dos años y medio. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la guardería no fue clausurada de inmediato, sino que permaneció abierta durante meses, mientras que el número de víctimas aumentaba.
La directora de la guardería, Nidia Lara Lara, conocía los hechos desde mayo y entregó los expedientes del personal, pero no los videos de las cámaras de seguridad, alegando problemas técnicos. Las autoridades finalmente clausuraron la guardería en julio, dos meses después de la primera denuncia, y la maestra Naomy Yamileth fue vinculada a proceso e ingresada al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2.
Durante la investigación, se descubrió que la maestra contaba con el apoyo de 36 abogados particulares, lo que levantó sospechas de una posible red de protección y corrupción. La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva calificó el caso de complejo, debido a la corta edad de las víctimas, algunas de las cuales eran lactantes.
A pesar de las evidencias y las denuncias, el proceso judicial ha sido lento y las audiencias se han diferido repetidamente. Esta demora ha perjudicado a las víctimas, algunas de las cuales, debido a su corta edad, ya han olvidado los hechos o se niegan a recordarlos.
Además, el IMSS ha sido acusado de intentar comprar el silencio de las familias afectadas, ofreciendo dinero a cambio de que abandonen las denuncias. Cinco familias aceptaron 2.5 millones de pesos y dejaron de perseguir la causa.
El caso continúa abierto, con la fiscalía enfrentando desafíos significativos en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Ruth Escareño, junto con otros padres afectados, sigue luchando por justicia, dispuesta a llegar hasta el Presidente de la República para hacer oír su voz y exigir una resolución justa y expedita para los menores abusados.
