Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
La LXV Legislatura, piidó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intervenir a favor de la prohibición legal de plásticos desechables en Oaxaca, y en contra de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida el lunes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Congreso del Estado consideró que la resolución de la Corte permitirá el uso indiscriminado de productos desechables de PET y unicel, “lo que constituye un agravio masivo e inminente, con impactos graves e irreparables, a los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la vida de las y los habitantes del estado”.
Mediante un exhorto aprobado por el pleno del Congreso de Oaxaca -a propuesta del diputado de Morena Horacio Sosa Villavicencio-, la LXV Legislatura pidió a la CIDH analizar la situación que la declaratoria generó sobre los derechos humanos de la población, y en su caso solicitar las medidas cautelares pertinentes.
Este lunes, el pleno de la SCJN emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca, que prohibían envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno (PET) o poliestireno expandido (unicel).
Ello fue resultado de una solicitud formulada por su Segunda Sala que, el 17 de agosto de 2022, al resolver amparos a favor de Oxxo y Propimex, empresas filiales de Coca Cola, determinó que son inconstitucionales dichas fracciones, que formaron parte de un paquete de reformas ambientales aprobado en 2019.
“La determinación de la Corte no tomó en cuenta el principio pro persona, que busca asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona humana”, planteó hoy el diputado Horacio Sosa al exponer en la sesión el contenido del punto de acuerdo.
La Corte “traicionó al pueblo de Oaxaca”, agregó el legislador, también impulsor de las reformas de 2019, pues “prefirió proteger los intereses económicos de las empresas por encima de los derechos al medio ambiente, a la salud y a la vida de las personas”.
Expuso que la determinación de la SCJN es claramente regresiva y violatoria de los derechos humanos, a la luz de los reiterados informes de Naciones Unidas que han advertido sobre la contaminación, y especialmente la contaminación por plásticos, que tiene a la humanidad al borde de una catástrofe que implicará millones de muertos en los próximos años.
