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Se ha licitado y comprometido 1 mil 358 mdp del financiamiento de 3 mil 500 mdp autorizado a Murat; y deuda pública subió a 14 mil 746 mdp, reporta Comisión de Vigilancia del Congreso, pide más transparencia

El Piñero

Jaime GUERRERO

Oaxaca, México.- A 14 meses de que la LXIV Legislatura, autorizó al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, contratar un financiamiento de 3 mil 500 millones de pesos y el refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo de 13 mil 150 millones de pesos, se desconoce el paradero de esos recursos, y no por falta de transparencia precisamente, pues en los portales de las ejecutoras podemos encontrar toda la información al respecto, desde el catálogo de conceptos hasta los contratos con las empresas ganadoras. Desafortunadamente, el poder ejecutivo no ha transmitido directamente a sus representados el cómo se está ejerciendo el recurso extraordinario autorizado por esta legislatura, y esto, ha generado incertidumbre y especulaciones en la ciudadanía oaxaqueña, reclamó la Presidenta de la Comisión de Vigilancia a la Deuda Pública del Congreso del Estado, Griselda Sosa Vázquez.

De acuerdo al reporte financiero presentado por la legisladora, al 30 de noviembre, la administración estatal, ha comprometo y licitado 1 mil 358 millones de pesos del financiamiento de 3 mil 500 millones de pesos contratados en 4 lineas de crédito ante la bancada privada Santander y Banobras. En tanto que la deuda pública a largo plazo subió en 1 mil 596 millones de pesos, para llegar a 14 mil 746 millones de pesos.

En asuntos generales de la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, aseguró que el Congreso del Estado no le dio un cheque en blanco al Ejecutivo, porque a través de la comisión de Vigilancia de Deuda Pública se le ha dado seguimiento a cada peso autorizado a través del decreto 809.

Desgloso entonces que al tercer trimestre del 2020, Oaxaca tiene una deuda por catorce mil setecientos cuarenta y seis millones de pesos, lo que representa 4.9% como porcentaje del PIB estatal.

Detalló que el nuevo fínanciamiento de hasta por tres mil quinientos millones de pesos se contrató a través de cuatro líneas de crédito.

Reveló que la primera línea de crédito con una fecha de caducidad de 12 meses fue con la banca privada Santander, por un total de mil millones de pesos, de los cuales, novecientos setenta y cuatro millones son para financiar proyectos de inversión pública y veintiséis millones para la constitución del fondo de reserva.

De la línea de crédito con Banobras de 137 millones de pesos se pueden ejercer 134 millones y 3 millones son para la constitución del fondo de reserva.

Sosa Vázquez, reporto que línea de crédito por 363 millones de pesos, igual con la banca de desarrollo Banobras, se ejercerán 353 millones de pesos, dejando para el fondo de reserva 9 millones de pesos.

Y respecto a la línea de crédito por 2 mil millones de pesos con Banobras, se ejercerán 1 mil 950 millones de pesos, dejando como garantía de pago 50 millones.

Al treinta de noviembre de este 2020, de la línea de crédito por 1 mil millones de pesos con Santander, se han comprometido 929 millones de pesos en 71 proyectos de inversión pública, de los cuales, 26 los ejecuta CAO, 24 SINFRA, 9 CEA, 10 SAPAO, 1 a cargo de SEFIN, y un último proyecto a cargo de la SEMAEDESO.

La línea de crédito por 137 millones se utilizará para la adquisición de cuatro módulos de maquinaria.

En tanto, 10 proyectos de inversión ya licitados tienen como fuente de fínancíamiento el crédito de 373 millones, 5 son de CAO, 1 de SINFRA, 2 de CEA, 1 de SEMOVI y 1 del INPAC, que al momento suman 283 millones de pesos.

De la última línea de crédito de 2 mil millones de pesos, al momento se tienen 45 proyectos por un monto de 146 millones de pesos, 10 son provenientes de cao, 34 de sinfra y 1 desapao.

Bajo esa perspectiva financiera, Sosa Vázquez, refirió que hasta el día de hoy, la comisión ha inspeccionado más de 30 proyectos de inversión pública en diferentes regiones del estado, verificando que se ejecuten con transparencia, eficiencia, pero sobre todo con la calidad que la población demanda.

Por lo pronto, invitó al Ejecutivo del Estado a realizar un ejercido de transparencia y comunicación a cerca del uso de los recursos autorizados mediante decreto 809.

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