Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Con 67 votos a favor y 29 en contra, El Senado de la República aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en Materia de Seguridad Pública que, otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)amplias facultades para acceder a datos personales, fiscales, biométricos y de geolocalización, provenientes de fuentes públicas y privadas.
Esta información será centralizada en una Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de generar productos de análisis criminal y fortalecer las investigaciones del Ministerio Público.
De acuerdo con el dictamen, las bases de datos, registros administrativos y fuentes de información podrán ser consultadas, interconectadas y procesadas para apoyar la persecución de delitos y la prevención proactiva de la criminalidad.
La ley establece también la creación del Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, con funciones de coordinación tecnológica, análisis criminal y colaboración interinstitucional.
Dicho ordenamiento busca dotar al Estado mexicano de una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de productos de inteligencia criminal, y así fortalecer la investigación en la persecución del delito para su prevención proactiva.
La identificación y disponibilidad de los sistemas de inteligencia, las bases de datos, los registros, registros administrativos y las fuentes de información a través de los mecanismos que la presente ley regula, así como su consulta, acceso, interconexión, integración, procesamiento, sistematización, análisis, uso y aprovechamiento, deberán ser empleados para desarrollar y fortalecer las tareas de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública.
De esta forma se permite al Ministerio Público contar con suficientes elementos de información para una efectiva integración de los indicios, datos y medios de prueba que fortalezcan sus investigaciones encaminadas a la persecución de los delitos y el combate de la impunidad.
Sobre el proyecto, senadores del PAN, PRI y MC presentaron reservas; sin embargo, fueron rechazadas por la asamblea, por lo que el dictamen quedó en sus términos y, con 66 votos a favor y 31 en contra, fue avalado en lo particular y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Por Morena, Laura Estrada Mauro dijo que se trata de una ley “sumamente relevante” para prevención e investigación de delitos; aclaró que la información y las pruebas que las policías recaben no podrán ser obtenidas de manera arbitraria, so pena de ser declaradas nulas, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley que se discute y el Código Nacional de Procedimientos Penales ordenan que toda intervención a la vida privada se realice primero, bajo la conducción del Ministerio Público y con el control judicial a cargo de un juez especializado.
El senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, advirtió que están en contra del espionaje disfrazado de política pública y de esta reforma que impulsa un modelo que concentra poder sin contrapesos, que permite el acceso desproporcionado a los datos personales, sensibles, fiscales, biométricos, patrimoniales, geolocalización en tiempo real, sin reglas claras y sin control judicial obligatorio desde el inicio.
Por su parte, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI sostuvo que la nueva ley pretende ser la respuesta ante el grave problema de seguridad y violencia que se vive en México, pero en realidad tiene la finalidad de constituir un gran aparato de espionaje y vigilancia en contra de los ciudadanos, ya no solo de los políticos; “pone en riesgo las libertades y derechos”, afirmó.
En su intervención, María del Rosario Corona Nakamura del PVEM, mencionó que la propuesta es un importante instrumento jurídico para que las autoridades del ramo hagan uso de las tecnologías y puedan eficientar los procesos de búsqueda, prevención, investigación y persecución de delitos.
Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, afirmó que excluir a los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia es un error que debilita la respuesta al crimen, e hizo énfasis en que urgen mecanismos eficaces para compartir inteligencia entre federación, estados y municipios.
En tribuna, del PRI, Claudia Edith Anaya Mota y Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN, presentaron votos particulares al dictamen.
