Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Con 71 votos a favor y 21 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen por el que se armoniza la legislación secundaria para establecer un modelo de simplificación orgánica en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
El documento plantea que las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La propuesta, que busca expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobada en lo particular con 67 votos a favor y 20 en contra, por lo que se remitió a la Cámara de Diputados
El paquete de leyes y reformas que fue aprobado impulsa un nuevo modelo de tutela de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales, a fin de facilitar su ejercicio, sin que ello implique gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.
Para ello, se precisa que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia; además, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, denominado Transparencia para el Pueblo.
El dictamen sustituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
También se establece que las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública son:
El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo; el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación; los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos; y las contralorías del Congreso de la Unión.
Además, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por cuanto hace a los sindicatos, en atención a sus apartados; el Instituto Nacional Electoral, respecto a los partidos políticos.
En representación de Morena, Simey Olvera Bautista explicó que este paquete de reformas no es un simple ajuste a las leyes, sino que rompe la impunidad y devuelve el control de la información pública a los ciudadanos; “no le quitamos transparencia al gobierno, sino que la fortalecemos y se la devolvemos al pueblo, pero sin burocracias ni gastos excesivos”.
Su compañera de bancada, Laura Itzel Castillo Juárez expresó que el paquete de leyes y reformas fortalecen el derecho a la información de todas las personas, y se asegura la defensa de la información bajo un enfoque de austeridad republicana. “Con este marco jurídico los recursos públicos que se ahorrarán serán destinados a donde el pueblo de México realmente los necesita”, destacó.
En tribuna, Michel González Márquez, del PAN, advirtió que el proyecto no implica un simple cambio administrativo, sino que representa un “atentado a la democracia”, pues plantea que el gobierno se vigile a sí mismo y no dé garantías para que los datos sensibles de los ciudadanos, como los bancarios, se usen con fines políticos o “terminen en manos equivocadas”.
Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió que la transparencia es un derecho que tienen las y los mexicanos al igual que el derecho a la correcta administración pública, por lo que este paquete de reformas va a generar instancias en esa materia, las cuales trabajarán con eficiencia; “sin duda el Estado mexicano saldrá fortalecido y los mexicanos tendrán más confianza en el gobierno”.
Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, manifestó que la propuesta representa una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo Federal, ya que se elimina a los organismos que garantizaban una fiscalización independiente; “la transparencia quedará subordinada a conveniencias y cualquier dato incómodo simplemente desaparecerá”.
Del PT, Lizeth Sánchez García advirtió que en los sexenios anteriores se creó el INAI, institución que se volvió corrupta, ya que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado múltiples irregularidades, entre las que se encuentra el nepotismo y la malversación de fondos. Por ello, precisó, el dictamen representa un paso fundamental para consolidar un gobierno transparente, eficiente y comprometido con la rendición de cuentas.
En tanto, de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón señaló que hubo una clara “violación” a la normatividad reglamentaria del Senado, ya que el dictamen se turnó únicamente para opinión a la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, mientras que su dictaminación la realizaron las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera; es decir que, la Mesa Directiva y la Secretaría General de Servicios Parlamentarios pasaron por alto que la materia de las iniciativas encajan en el ámbito de dicho órgano legislativo.
Por su parte, Imelda Sanmiguel Sánchez y Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentaron ante la asamblea sus votos particulares en contra del dictamen.
Posteriormente, Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, propuso modificar el párrafo sexto del artículo 39 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer que:
El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada o bien las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los comités de transparencia a que se refiere este artículo, cambios que fueron aceptados por el Pleno.
La asamblea también aceptó modificaciones a los artículos 3, 16, 64, 95 y la denominación del Capítulo 2 del Título Octavo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, presentadas por el senador de Morena Armando Ayala Robles, para hacer precisiones de redacción y mejorar el producto legislativo.
