Por unanimidad, con 86 votos a favor, el Pleno del senado mexicano
aprobó una reforma al Código Penal Federal para aplicar hasta 18 años de prisión a funcionarios que graben, difundan, distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
También incluye a periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen, a fin de establecer sanciones a quienes compartan imágenes, audios, o cualquier tipo de información que esté en una carpeta de investigación.
La reforma al código penal tiene su origen en el feminicidio de Ingrid Escamilla, debido a que, las fotografías sin censura de sus restos circulaban por las redes sociales e incluso fueron puestas en primera plana de periódicos con circulación nacional.
Además circularon videos, donde el agresor declaraba la manera en que asesinó a la joven.
La noticia sobre el brutal ataque y el uso insensible de las imágenes, levantó protestas feministas en las calles y en las oficinas de los medios de comunicación que utilizaron la tragedia.
Este caso forjó la creación de una normativa en protección de las víctimas, para evitar y sancionar la filtración de imágenes o datos que forman parte de una carpeta de investigación.
Esta reforma, inicialmente aprobada en marzo por la @Mx_Diputados
fue nombrada como “Ley Ingrid”, en memoria de la joven, pero no pudo aplicarse en su caso y los responsables de publicar y filtrar las fotografías se mantienen sin sanción.
“A mi de que me servía una ley que llevara su nombre, si no se iba a ejecutar o no fue ejecutaba. Sería un gran honor que esa ley hiciera su cometido y no quedara en la impunidad tantos casos como el de mi hija, que no se pudo hacer nada contra quienes filtraron esas fotografías”, asegura Antelma, madre de Ingrid.
Pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se posicionó sobre la urgencia de sancionar la filtración de las imágenes del feminicidio, no se ejecutó sanción contra los medios ni los servidores públicos que permitieron la difusión de la escena del crimen.
“La vida de las mujeres no puede ser un botín, ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo”, afirmó la comisión en un posicionamiento publicado el 14 de febrero de 2020.
Incluso, para la formulación de la ley la familia de Ingrid Escamilla niega que fueran buscados para conocer su contenido, ni apoyar en la sanción de los responsables en el caso.
Reporta Jaime Guerrero
