Max Aub
Agentes de la ICE exigieron a un hondureño aceptar irse “voluntariamente” de Estados Unidos a cambio de recuperar a su pequeña de seis años, de quien fue separado al ingresar a ese país. Su caso no es único, revelan
Houston, Texas.- “Estoy muy desesperado, no sé qué va a pasar conmigo, pero estoy más preocupado y desesperado por mi hija”, dice casi llorando “Juan P.”, originario de Honduras y quien pidió resguardar su identidad. Después de solicitar asilo en Estados Unidos a fines de mayo al cruzar la frontera sin documentos desde Tamaulipas, México, fue detenido y separado de su hija de seis años, quien lo acompañaba.
“Me dijeron primero que la iban a entregar a una tía que tiene en California, yo les comenté que la buscaran porque sé que luego entregan a los niños a sus parientes, me dijeron que sí, pero fue mentira, la encerraron con otros niños y me siento muy mal, debe estar sufriendo mucho”, cuenta a EL UNIVERSAL.
Después de que el presidente de EU, Donald Trump, decretara poner fin a la separación de familias migrantes detenidas al cruzar la frontera sur del país, trascendió que las autoridades de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a advertir a cientos de detenidos separados de sus hijos que si querían ver a sus pequeños tenían que firmar la deportación voluntaria; aunque las autoridades lo niegan, “Juan P.” confirma la versión. “Así me dijeron, si quieres ver a tu hija firma la deportación —voluntaria—, también se lo dijeron a varios más en donde me detuvieron”.
Con el “corazón en el suelo”. Él, por desesperación, accedió. “Firmé pensando en mi hija, para que no esté encerrada, debe estar muy asustada. La única vez que pude hablar con ella —el 21 de junio— me pedía que fuera y sólo se escuchaban niños llorando y gritándoles a sus papás; de verdad tengo el corazón en el suelo, estoy desesperado”.
Según informes internos de la Patrulla Fronteriza, en diversos centros de detención algunos están firmando su deportación voluntaria bajo esa especie de extorsión que realizan las autoridades. “Yo firmé por desesperación, pero un abogado de esos voluntarios que hay, y que le platiqué, me dijo que puedo pelear eso que hice si pido ir con un juez y eso es lo que estoy tratando de hacer”, comenta esperanzado; en realidad, su temor es que “o creo que llevándome al aeropuerto ahí vaya a estar mi hija. ¿Qué tal que me suben a un avión sin ella? No lo quiera Dios, por favor no”.
“Juan P.” y su hija se entregaron a las autoridades en McAllen, Texas; él está en un centro de detención a las afueras de Houston y su hija en algún lugar de Arizona, “no recuerdo cómo se llama el lugar, pero sé que estamos lejos”, dice este padre de apenas 24 años, quien logró reunir 7 mil dólares en Honduras para pagarle a un traficante de personas para que los llevara a Estados Unidos de la forma más segura posible. “Tenía miedo de lo que pudiéramos encontrar en México, sabemos que es muy peligroso y que no podemos confiar en nadie, ni en las autoridades”, cuenta.
Algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos de los inmigrantes han entablado demandas contra la política de separación de familias de la administración Trump. Una de ellas es la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que dijo que investigará los presuntos chantajes de las autoridades a los padres migrantes separados de sus hijos. “Ha habido informes de que los oficiales de inmigración presionan activamente a los padres para que abandonen sus solicitudes de asilo, a fin de reunirse con sus hijos. Esta crueldad y absoluto desprecio por el bienestar de los niños y el Estado de derecho no pueden sostenerse. No se puede permitir que nuestro gobierno tenga como rehenes a los niños para sabotear los reclamos legales de las personas que buscan refugio”, señaló.
El pasado 25 de junio, la ACLU pidió al tribunal donde metieron la demanda “que responsabilice a la administración Trump de las separaciones familiares y los problemas que esto con- lleva. Le pedimos que reúna a todos los niños con sus padres dentro de los 30 días siguientes. Le dimos 10 días para reunir a los niños menores de cinco años y proporcionar a los padres, dentro de los siete días siguientes, contacto telefónico con sus hijos”. La ACLU pidió “detener futuras separaciones de padres e hijos” y evitar deportar a los migrantes “sin sus hijos”. “Tengo mucho miedo y estoy muy preocupado por mi hija, pero voy a luchar por recuperarla y porque nos quedemos; aquí hay gente buena a pesar de todo lo que hay y me han dicho que mi caso sí se puede resolver bien y muchos que firmaron y tienen hijos también van a pelear”, concluye “Juan P.”.
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