- El Instituto reconoce únicamente los servicios educativos asignados oficialmente conforme a normatividad y que cuenten con clave de centro de trabajo registrada en el catálogo oficial SEP-IEEPO
Oaxaca de Juárez, Oax.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en su compromiso de hacer respetar el derecho a la educación de la niñez y de los adolescentes, así como de garantizar la validez de sus estudios, reconoce como únicos servicios educativos a aquellos que cuenten con clave de centro de trabajo registrada en el catálogo oficial SEP-IEEPO.
En consecuencia, cualquier servicio que opere fuera de la normatividad, se considerará irregular, como sucede con los llamados “módulos” donde se autoubican trabajadores de la educación, sin autorización ni el aval de las autoridades competentes, solo para estar en zonas urbanas, desatendiendo a los planteles de educación básica en las comunidades del estado.
Ante esta situación, el Instituto reitera que los establecimientos que se encuentran fuera de la norma y han sido habilitados sin asegurar su funcionalidad, al no reunir las condiciones de un plantel ponen en riesgo la seguridad de la vida educativa así como la integridad física de las niñas y niños, además de que no garantizan la validez oficial de los estudios cursados.
En relación al caso particular del que funciona en la Preparatoria “Lázaro Cárdenas del Río”, de la autodenominada Antorcha Magisterial, ubicada en la colonia Satélite del municipio de Oaxaca de Juárez, donde se ha detectado personal docente autoubicado de educación básica, el IEEPO procederá según la normatividad administrativa y buscará una solución en conjunto con todos los actores educativos, como la representación gremial legalmente reconocida, la autoridad municipal, comités de padres de familia y estudiantes, en beneficio de la niñez y para regularizar su situación académica.
Con fundamento en la normatividad educativa vigente, el Instituto no cederá ante presiones que busquen el reconocimiento de servicios irregulares y que perjudiquen el derecho a la educación de la infancia y adolescentes, por lo que mantiene su postura de atender por la vía institucional las peticiones de su competencia.
