Jaime GUERRERO
Oaxaca.- En Oaxaca la violencia se impuso durante el proceso electoral a sangre y fuego. Cinco candidatos a cargos de elección popular, fueron sido asesinados y uno herido con arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado no tiene resultados contundentes de esos hechos de violencia electoral.
Solo ha detenido a una persona por el caso del atentado contra el ex candidato a edil del PRD en San Pedro Pochutla, Raymundo Carmona Laredo.
A cinco días de las votaciones del pasado 1 de julio, y en menos de 24 horas, ocurrieron las dos más recientes agresiones; el asesinato del candidato a diputado local del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Emigdio López Avendaño y el atentado contra el candidato a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, Raymundo Carmona Laredo, postulado por la coalición del PRD, MC y PAN.
El recrudecimiento de la violencia, ameritó el despliegue de la Marina y el Ejército en Istmo, Cuenca, Costa y Valles Centrales, cuatro de las ocho regiones de Oaxaca, por considerarse focos rojos.
En el país, solo tres entidades, Guerrero, Michoacán y Oaxaca concentran el 50 por ciento de los 48 asesinatos de candidatos ultimados considerados por la consultora Etellekt hasta el 25 de junio de 2018, tras la ejecución de Emigdio López Avendaño.
La quema o robo de papelería electoral, otra faceta de la violencia polìtica.
En todo el país fueron sido contabilizados 130 asesinatos de los cuales 48 corresponden a candidatos y precandidatos. Del total 14 se cometieron en Guerrero, 5 en Michoacán y 5 en Oaxaca, en éste último caso, los referentes a nuestra entidad, los crímenes continúan en la impunidad.
En Santa Cruz Xoxocotlán, San Juan Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa Lucía del Camino y Pinotepa Nacional, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, medidas cautelares para quienes así lo solicitaron.
Las medidas implicaron acciones para salvaguardar la integridad y seguridad personal de los candidatos mediante la asignación de seguridad personal, recorridos y vigilancia domiciliaria o protocolo de llamadas de emergencia.
En otros casos la petición fue a la autoridad municipal para abstenerse de causar agravios a las personas que participan en los procesos electorales.
A la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo le fue requerida la aplicación de medidas cautelares, y a la Fiscalía General de Justicia del Estado la integración de las carpetas de investigación y ejercicio de la acción penal en donde se configurara el delito, precisó el Visitador General, Juan Rodríguez Ramos.
Durante el proceso electoral local de 2016, fueron asesinados seis pre candidatos, candidatos a presidencias municipales, y dirigentes partidistas, lo que ubicó al estado en el segundo lugar por este delito.
En la lista figuran Edgar Hernández García, candidato del Panal en Huatulco; Julián González Domínguez, dirigente de Morena en la Costa; Baldomero Enríquez Santiago, candidato en Loxicha; Jehová de la Cruz Gallegos, dirigente PT en el Istmo; Delfino Nieto Peláez, Delfino Nieto Pélez, líder del PRI en la Costa; y Javier Reyes de Jesús, ex candidato PSD en la Mixteca.
