CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde Sihó, una pequeña comunidad maya del municipio de Halachó, en la frontera entre Campeche y Yucatán, Nelsy Ku Chay disiente del discurso presidencial sobre la supuesta “fraternidad” y el reencuentro familiar durante el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus.
“Desconocemos qué es lo que conlleva la palabra fraternidad, la palabra armonía familiar de la que habla el presidente”, dice esta defensora comunitaria que es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que agrupa 35 espacios en el país conocidos como camis, que apoyan de manera multidisciplinaria a las mujeres, particularmente a las que padecen violencia.
Encargada de la cami de su comunidad, llamada “Tooj óolal Puks’ik’aal”, que en maya significa “Sanando el corazón”, dedicada a la atención de la salud integral y prevención de la violencia, Nelsy Ku sostiene que, contrario a la imagen pacifista de los pueblos originarios, entre 80 y 90% de las familias indígenas jóvenes viven la violencia de manera cotidiana, situación que se ha agravado durante la cuarentena sanitaria.
“Fraternidad es lo que queremos, pero todavía sigue siendo algo imaginario, no es lo que estamos viviendo”, insiste la defensora de 44 años, la mitad de ellos dedicados al trabajo comunitario.
Advierte que en las zonas indígenas de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Veracruz y Chiapas se ha reportado un aumento de la violencia contra las mujeres durante estos dos últimos meses, situación que se padece, incluso, en Yucatán, donde fueron denunciados tres feminicidios en abril, cifra muy elevada para ese estado que habitualmente tiene bajos índices de violencia.
A Nelsy le resulta incomprensible que en este contexto de emergencia –y más adverso para las mujeres– el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decida fortalecer los recursos contra la crisis sanitaria cancelando la entrega de presupuesto a las camis, que el año pasado fueron de 30 millones de pesos para atender a unas 29 mil indígenas.
Las camis reciben financiamiento del Programa de Derechos Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a dicho programa se le asignaron 199.75 millones de pesos, mientras el año pasado fueron 310.7 millones.
“Por primera vez en 17 años las camis tienen un recorte presupuestal. En el fondo, a las indígenas se les está negando el derecho a tener un acompañamiento para acercarse a instancias de gobierno, porque cuando van al Ministerio Público a denunciar violencia intrafamiliar, les dicen: ‘Pues no atendiste a tu marido o qué le hiciste… Tienes que atenderlo’. A veces estas nujeres no tienen dinero para ir a Mérida o a Umán a denunciar, y es cuando nosotras las apoyamos”.
Ku Chay advierte que a causa del recorte, algunas camis están por cerrar. “La cancelación de los fondos refleja que no estamos siendo consideradas como un sector esencial para la Cuarta Transformación, y esa es una forma de violencia, un atentado a nuestros derechos como mujeres indígenas”.
En espera de que López Obrador acuda a Cancún para dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, Ku Chay expresa: “En la emergencia para enfrentar el covid-19, ¿en verdad la única bolsa que se requería como un asunto de vida o muerte para atender esta problemática era la de las camis?
“Sorprende que para este gobierno la vida y la seguridad de las mujeres indígenas no sean esenciales, como sí lo son otros programas, como el Tren Maya, que siguen recibiendo recursos”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2274 de la revista Proceso, ya en circulación.
