Sufrió violación anal multitudinaria y descargas eléctricas dentro de la vagina. La voz de Magdalena Saavedra se rompe al verbalizar las torturas que padeció a manos de un grupo de marinos entre el 10 y el 11 de mayo de 2013.
¿Su objetivo? Inculparla de ser operadora financiera del Cártel del Golfo.La potosina de 52 años se quebró cuando la amenazaron con que si no firmaba lo que le pusieran enfrente, la siguiente sería su hija.
Magdalena fue víctima de una supuesta “técnica de investigación” que en México es pandemia: casi la mitad de los presos mexicanos asegura haber sufrido tortura.
Para combatirla se promulgó —hace ya más de dos años y medio, el 26 de junio de 2017— una nueva legislación. De acuerdo con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, ésta contaba con las “mejores prácticas internacionales para combatirla”.Una de ellas era la creación —en un máximo de 90 días— de una fiscalía especial con “plena autonomía técnica y operativa” en cada estado, pero 30 meses después, sólo 10 de las 32 entidades han cumplido con la ley.
El caso de Magdalena, cimentado sobre recomendaciones e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), es una muestra más de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le recriminó a México en mayo de 2019:
“[Hay] una muy alta incidencia de tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación, durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.
De acuerdo con solicitudes de transparencia, sólo Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas han creado las fiscalías especializadas contra ese delito. En otras 10 entidades hay unidades especializadas con dependencia jerárquica y en las 12 restantes no hay ninguna institución de ese tipo.
Toques en la vagina
“Me trataron peor que a los animales. Me pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarme, tres veces, hasta que me desmayé. Me desperté por los golpes, por las patadas. Me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que era pura grava. Allí empezó la tortura fuerte, los toques eléctricos. Me desnudaron completamente, me sentaron en una silla, me abrieron de piernas y me metieron el aparato dentro. Es algo indescriptible”, recuerda.
“Cuando me violaban de forma anal, me dijeron que si no firmaba unos documentos que me daban iban a ir con mi hija, le iban a hacer lo mismo [que a mí] y la iban a matar”, dice.
Magdalena firmó y se inculpó en los delitos de acopio de armas de fuego, contra la salud por venta de cocaína, posesión de cartuchos de uso exclusivo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras cinco años encarcelada, Magdalena logró una sentencia absolutoria en noviembre de 2018, en la que se resaltaba lo inverosímil de las pruebas aportadas por los elementos aprehensores. Desde entonces, la mujer tiene disociaciones y no puede trabajar.
Aunque logró que pusieran una denuncia en su nombre ante la Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2013, asegura que su caso no ha avanzado casi nada en estos seis años: “Esa gente malvada… Los que me hicieron esto ya deberían estar encerrados. Yo ya debería tener un pago del daño. Saber que esa gente está inmune me genera una frustración y un coraje enorme, pero no pienso quitar el dedo del renglón.
“Si lo que estoy haciendo sirve para que una sola mujer no tenga que pasar por lo que pasé yo, ya estoy bien pagada”, afirma.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define que la tortura es un delito que sólo pueden cometer los Estados y el cual supone producir a un ser humano daños graves, físicos o sicológicos, tratos crueles e inhumanos con el objeto de obtener información, que se declare culpable de delitos que no cometió o como elemento en contra de disidentes o luchadores sociales.
“En México, mucha de la tortura la cometen los ministerios públicos en las fiscalías”, explica Natalia Pérez Cordero, investigadora de Derechos Humanos en la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., quien también forma parte del observatorio contra ese delito, Sintortura.org.
“La ley marca la creación de fiscalías especializadas para los casos de tortura. Tienen que ser independientes, para que los ministerios públicos que investigan a otros servidores públicos no tengan vicios ni haya ninguna autoridad o superior que les pida hacer algo que vaya contra su investigación”.
Pérez Cordero opina que la ley de junio de 2017 es correcta, pero que el problema es la falta de cumplimiento y no sólo en el tema de las fiscalías especializadas: “El número de ministerios públicos y de peritos es bajo, lo que hace que se atrasen las investigaciones”.
Con información de https://www.eluniversal.com.mx/
