Jaime GUERRERO
“¿Por qué aguanté? ¿Por qué si soy jueza no denuncié y salí corriendo?”. Son las preguntas que Suzette Soto Pinacho cómo víctima de violencia de género, sin importar su nivel educativo o profesional.
Su testimonio desnuda una verdad incómoda: la violencia machista no distingue preparación académica ni posición social.
Soto Pinacho, madre de dos hijos y jueza en funciones, ha decidido hacer público su caso tras años de violencia física, psicológica, económica y, especialmente, vicaria —aquella que se ejerce a través de los hijos para dañar a la madre— por parte de su expareja (Jaime CC).
El silencio impuesto por el miedo
Durante más de una década, la juzgadora soportó amenazas constantes: “Me amenazaba con quitarme a mi hijo mayor y hacerme un escándalo en mi trabajo”, relata en un carta publicada en sus redes sociales.
Mientras tanto, su agresor construía una imagen pública como “un hombre preocupado por Oaxaca y por su familia”, una estrategia que, según Soto, formaba parte de sus aspiraciones políticas.
A pesar de interponer dos denuncias por violencia física registradas en la fiscalía, el temor a las represalias la llevó a firmar tres convenios que nunca fueron respetados. “La pensión nunca la dio en más de 11 años”, afirma, aunque aclara que eso no fue obstáculo para que ella proveyera sola a sus hijos.
Lo que debería ser un derecho de los menores —la convivencia con ambos padres— se convirtió en un instrumento de tortura psicológica. Soto Pinacho describe cómo su expareja exponía a los niños en redes sociales y espectaculares publicitarios, incluso en campañas políticas como “Oaxaca sin COVID”, sin considerar los riesgos para su seguridad e integridad emocional.
“La convivencia la utilizaba para manipularme a mí y a mis hijos, para exponerlos a vicios, para grabarlos”, denuncia. La violencia vicaria escaló hasta el punto de que tuvo que promover amparos para retirar las imágenes de sus hijos de la vía pública.
El punto de quiebre ocurrió hace un año, cuando el padre de sus hijos fue detenido por violencia contra su propia tía. Los menores estaban presentes. Lo que siguió fue un episodio de manipulación que Soto describe con dolor: su hijo mayor, entonces de 12 años, fue grabado por la familia paterna acusando a su madre de ser responsable del encarcelamiento.
“Escondieron a mi hijo por más de 24 días en los que no lo llevaron a la escuela ni supe dónde estaba”, relata.
Su hijo menor, devuelto tres días después, le reveló la verdad: “Su hermano estaba grabando un video que tenía que repetir muchas veces porque se reía”.
Órdenes de protección sistemáticamente violadas
Desde 2024, el agresor tiene impuestas tres órdenes de protección que le prohíben intimidar, amenazar, difundir datos e imágenes de los menores y utilizar medios públicos para ello. Sin embargo, Soto Pinacho documenta más de 20 incumplimientos.
“Me busca, me manda mensajes, a mi familia les manda audios y me amenaza constantemente”, denuncia.
Mientras tanto, su expareja continúa publicando videos en redes sociales donde la califica como “el ser más vil de esta tierra, basura, satanás, una puta, perversa, corrupta”, sin presentar pruebas de sus acusaciones.
A pesar de ser profesional del derecho, Soto Pinacho enfrenta la misma revictimización que miles de mujeres en México. “Si esto pasa conociendo la ley, no quiero imaginar lo que miles de mujeres han tenido que soportar”, reflexiona.
Mientras ella y sus hijos completaron todas las terapias psicológicas ordenadas por el juzgado —a pesar del impacto en sus actividades escolares y laborales—, el agresor simplemente no asistió.
“Es más fácil victimizarse en redes”, señala.
“Hoy seguimos luchando contra un sistema en el que la mujer siempre es culpable”, denuncia. “Se nos desacredita, se nos silencia y se nos responsabiliza del daño que otros han provocado”.
“Temo por mi vida, por la de mis hijos, por mi familia. Mis hijos y yo merecemos paz. Merecemos justicia. Mis hijos merecen volver a ser niños”, concluyó en su denuncia pública.
