Por: Eugenio GONZÁLEZ | El Piñero
Oaxaca, México.– La región del Istmo de Tehuantepec se convirtió en una zona de terror, donde la pólvora y la sangre se huelen y se duelen casi a diario sin que nada ni nadie frene los días de luto, un luto regional, sin tregua, escandaloso.
Tan solo en Juchitán, pistoleros -que entran y salen de domicilios particulares– han acabado con la vida de 33 personas, entre ellas 20 hombres, 11 mujeres, y dos niños de 14 y 3 años de edad. Un caso insólito para la historia reciente de ese municipio zapoteca.
Para los grupos delictivos que intentan dominar la zona no existen códigos. Y prueba de ello son las masacres de familias cuya nuneralia enlista niños, víctimas de las balas en sus propios hogares, cuando comían, cuando jugaban, cuando aprendían de la vida.
¿QUIÉNES Y POR QUÉ?
Para nadie es un secreto que la región donde el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador realiza su más importante proyecto sexenal, el Corredor Interoceánico, está minada de sicarios, mafias que se combaten por el control territorial.
Tampoco, para el Gobierno Federal, es un secreto saber quiénes protagonizan esta férrea disputa. Las bandas y sus liderazgos están identificados, pero intocados, manteniendo -como expone el periodista Ricardo Ravelo https://www.sinembargo.mx/03-09-2021/4023004 — una narco dinámica imparable y que genera violencia extrema y de alto impacto. Y Juchitán, Petapa, Tehuantepec, Atempa, Salina Cruz y Matías Romero, entre otros, son la prueba.
Investigaciones del Gobierno Federal han expuesto que en la región operan, como grupos muy identificables, los cárteles de “Los Terán”, “Oaxaca o Díaz Pantoja”, “CJNG”, estos últimos vinculados con Guadalupe Díaz y Antonino Morales, dirigente de la Confederación Libertad y exalcalde de San Blas Atempa, respectivamente, a quienes el Gobierno Federal ya les congeló sus cuentas bancarias al ser involucrados con investigaciones de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
A estos grupos se les relaciona con la disputa de los municipios de la región del Istmo cuyo objetivo, además del control territorial, es el manejo de drogas, el huachicoleo, la trata de personas y hasta los servicios, dícese transporte, materiales y mano de obra que ocupa el Corredor Interoceánico.
¿POR QUÉ NO ACCIONA EL GOBIERNO FEDERAL?
Y frente a este adverso escenario social se desconoce por qué no actúa el Gobierno Federal que, gracias a su omisión, ha provocado la violenta inestabilidad, dejando crecer, como si fueran gobierno, a los grupos ya mencionados.
Hace una semana, el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) tomó el control de seguridad del Corredor Interoceanico, pero al respecto el Gobierno Federal no ha informado sobre las acciones a seguir para salvaguardar a la población civil, esa que no tiene intereses en el gran proyecto y que se mantiene amén de la suerte, hoy como testigo mudo de la barbarie.
