Jaime GUERRERO | El Piñero
La Cámara de Diputados avaló, con 479 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para tipificar el delito de matrimonios infantiles forzados con 15 a 18 años de cárcel y hacerlos imprescriptibles en todo el país.
Las iniciativas aprobadas por la unanimidad del pleno, fueron de las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI, Eufrosina Cruz Mendoza, Normar Aceves Mejía y Ana Lilia Herrera Anzaldo, castigaran penalmente los matrimonios forzados y establecer medidas de protección que prevenga la venta de niñas para matrimonios infantiles.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Se establecen medidas para la protección de los menores de edad, contra las prácticas de unión legal.
La reforma considera medidas a favor de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad.
En tribuna, Cruz Mendoza, destacó que el objetivo es frenar la violación a los derechos humanos de las niñas convertidas en mujeres por matrimonios forzados, así como establecer medidas para la protección de los menores de edad, contra las prácticas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal.
Y es que el dictamen por el que se adiciona el Capítulo IX “Del Matrimonio Forzado de Menores” al Código Penal Federal en Materia de Derechos Humanos a una Vida Libre de Violencia, faculta que este delito será imprescriptible en todo el país y se castigará con penas privativas de libertad que podrían alcanzar 18 años de cárcel.
Argumentó que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportan 423 mil mujeres obligadas a casarse como resultado de un embarazo, 339 mil padecieron “un robo”, es decir, forzadas por un varón y 185 mil intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.
Esto, indicó, es producto del panorama que enfrentan las mujeres en los pueblos originarios, donde prevalecen los “usos y costumbres”, que en este caso deberían llamarse “abusos y costumbres”.
En su oportunidad, la diputada Norma Aceves explicó que su propuesta plantea adicionar un artículo 45 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para mandatar a las autoridades federales a establecer medidas de protección para prevenir, erradicar o suspender los usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que permitan la venta de niñas con fines de unión legal.
Puntualizó que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no se cuenta con una política pública preventiva que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales y las acciones implementadas por el gobierno se han dirigido a la difusión de información.
La diputada Ana Lilia Herrera sostuvo que el matrimonio infantil es una problemática inmersa en nuestra sociedad, en todos los niveles sociales, pero especialmente en las comunidades más pobres.
Explicó que las propuestas consideran la implementación de medidas afirmativas para niñas, niños y adolescentes que forman parte de comunidades indígenas y de grupos vulnerables con discapacidad en situación de movilidad o en exclusión social, toda vez que estos son los sectores sociales más expuestos a ser utilizados en estas prácticas nocivas.
Desde tribuna, el diputado Alberto Villa Villegas (Morena) expresó que cada año, millones de niñas y niños en el mundo son orillados a consumar matrimonio, sin entender las consecuencias de lo que viven, ni de los riesgos en los que ponen su salud física, mental y su futuro.
Destacó que ante la realidad se busca obligar a todas las autoridades en sus tres niveles de gobierno a adoptar medidas integrales para la protección las y los infantes contra prácticas nocivas de cesión, a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Además, acotó, se pretende establecer acciones afirmativas especialmente respecto a las y los jóvenes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o en exclusión social, pues “el matrimonio infantil afecta mayoritariamente a nuestras niñas y adolescentes de hogares indígenas”.
Lamentó la existencia de prácticas familiares y sociales que vulneran los derechos fundamentales y la dignidad humana de niñas y niños, obligándolos a convertirse a temprana edad en esposas, esposos y padres y madres.
