Redacción El Piñero
Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y Sandra Domínguez, fueron desaparecidas por enfrentarse a los poderes políticos y económicos del estado de Oaxaca; por defender el bosque y el territorio, acompañar a víctimas de la violencia y denunciar actos de corrupción.
En la mixteca, Claudia Uruchurtu ya se había convertido en un problema porque ella estaba enfocada en que se le ayudara a la comunidad de Nochixtlán”, dice Sara, hermana de la defensora.
Los hombres de poder económico y político no iban a permitir que alguien despertara o concientizara a la comunidad por la tala inmoderada en el municipio de San Esteban Atatlahuca”, dice Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) quie habla de la actividad de Irma Galindo.
Y Sandra Domínguez nunca tuvo miedo de señalar a autoridades de Oaxaca que estaban incumpliendo sus funciones”, recuerda su hermana Aracely Kisha Domínguez.
La defensa de los derechos humanos en Oaxaca ocurre en un contexto en que se entremezclan los intereses de autoridades, empresas y crimen organizado, sin que sea posible determinar sus responsabilidades, explica Marcos Leyva, director de la organización Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa.
En el caso de Irma Galindo, ella enfrentaba la tala ilegal permitida por autoridades locales coludidas con grupos delictivos.
Claudia Uruchurtu entró en contienda con el poder político por exigir transparencia y rendición de cuentas en una región atravesada por dinámicas criminales, y Sandra Domínguez, acompañaba casos de violencia y señalaba a funcionarios que hoy integran el gobierno estatal.
Antes era un poco más visible la acción del Estado. En los años 80, 90, incluso más atrás, el gobierno era quien reprimía a las organizaciones, movimientos sociales y defensores. Hoy esa percepción cada vez está más diluida por esta triada [autoridad-empresas-crimen organizado] y las relaciones que se dan entre ellos.
Leyva señala que las desapariciones de las tres defensoras ocurrieron, además, en un contexto de ruptura entre el gobierno de Oaxaca y las organizaciones y movimientos sociales.
“Este proceso, que han denominado Cuarta Transformación, ha modificado la relación del Estado mexicano con los defensores y las defensoras. Ha habido una ruptura con este sector desde los gobiernos emanados de Morena. Mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusaba a las organizaciones de derechos humanos de ser conservadoras o seudoambientalistas, el gobierno estatal —que desde 2022 encabeza el morenista Salomón Jara— ha recurrido a denostarlas y criminalizarlas cuando no están de acuerdo con sus acciones.
A esta situación se suma la elección de políticos de Morena en más de una tercera parte de los 152 municipios del estado que se rigen por el sistema de partidos —el resto, 418, lo hace por el sistema normativo indígena—, y una continua persecución de personas defensoras de derechos humanos, como sucede con las comunidades que se oponen al Tren Interoceánico, que conecta al Pacífico con el Atlántico.
El director de Educa Oaxaca también advierte sobre el posible alineamiento de este proyecto, y sus 12 polos de desarrollo industrial a lo largo del trayecto, con el llamado Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 13 de enero, que busca atraer inversiones millonarias al país.
En México, de 2008 a 2023, desaparecieron 93 defensores del ambiente y el territorio de los que 39 continúan sin ser localizadas, según la investigación de este medio, Quinto Elemento Lab y Mongabay Latam.
Del total, 62 víctimas son indígenas, principalmente de origen nahua, yaqui y mixteca.
La presencia del crimen organizado y los conflictos agrarios están presentes en la mayoría de los casos, que se concentran en Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco.
Educa Oaxaca, a través de la iniciativa “Todos sus nombres, todas sus luchas”, durante el sexenio de López Obrador, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, hubo 225 asesinatos de personas defensoras en el país.
Oaxaca reportó 58 asesinaros y es el estado con mayor número de víctimas, seguido por Guerrero, con 39, y Michoacán, con 21. Estos tres estados concentran el 52% del total.
La organización registra 23 personas desaparecidas de 2018 a 2024, de las que tres son mujeres: Uruchurtu, Galindo y Domínguez, sobre quienes el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido acciones urgentes al Estado mexicano para su búsqueda y localización.
