Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
El Gobernador, Salomón Jara Cruz y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, interpusieron quejas contra la suspensión que concedió la Secretaria encargada del Juzgado Segundo de Distrito, en la que ordenaba que se reinstalaran a los burócratas que promovieron amparos ante ese Juzgado, intentando dejar sin efectos el Decreto Número 24 aprobado por el Congreso del Estado.
El Primer Tribunal Colegiado, por unanimidad revocó esa determinación al considerar que el dejar sin efectos el Decreto atenta contra el orden público y el interés general, razón por la que no podía ordenarse que fueran reinstalados y pagarle el 100% de sus salarios.
En el mismo sentido, de una consulta al Sistema del Poder Judicial de la Federación, se observa que los Juzgados Primero, Décimo y Octavo negaron las suspensiones a los extrabajadores para ser reinstalados y que les pagaran su salario íntegro como lo solicitaron los burócratas, de la misma forma, en el sistema se refleja que cientos de juicios de amparos promovidos por los extrabajadores ante los Juzgados tercero, cuarto, quinto, noveno y onceavo han sido desechados.
Lo anterior. debido a que a su criterio de los juzgadores son improcedentes los juicios de amparo contra el Decreto número 24.
En consecuencia, el Decreto por el cual se suprimen las bases que se obtuvieron de manera ilegal, subsista y siga surtiendo sus efectos, transcendiendo que han sido más de 800 amparos que han intentado suspender los efectos totales del Decreto No. 24, sin tener éxito.
En la víspera, Vásquez Sagrero, reiteró que las 1 mil 344 plazas laborales de burócratas del STPEIDCEO que fueron anuladas, SI SON IRREGULARES.
En mesas de negociación con la dirigencia se lograron restituir a 677.
Vázquez Sagrero, refirió que, hay jueces de distrito que han negado amparos de burócratas que, pretenden anular el decreto aprobado por el Congreso para recuperar sus plazas.
En medio de debates jurídico y políticos, Vásquez Sagrero, defendió la legalidad y validez de la figura de supresión de bases laborales.
Sobre la supresión de plazas laborales, reiteró que, es una herramienta jurídica contemplado en la normativa local y ha sido implementada en diversas entidades del país.
El consejero subrayó que el gobierno estatal ha actuado en estricto apego a derecho y respondiendo a compromisos previamente adquiridos.
“No hay forma de justificar la entrega de siete mil bases laborales en un periodo de nueve años, cuando el promedio histórico era de 35 por año. La matemática no falla”.
Vásquez Sagrero también aclaró que aquellos trabajadores que consideren vulnerados sus derechos tienen expedita la vía legal para impugnar los actos de autoridad.
“El Estado de derecho está garantizado. Existen instancias como la primera y segunda instancia, el amparo y la Junta Laboral para resolver este tipo de conflictos. Si algún juez federal determina alguna suspensión, la acataremos, pero también tenemos la facultad de combatirla”, advirtió.
Al respecto, explicó que lo presentado ante el Congreso del Estado se basa en un precedente jurídico reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Es un argumento jurídico conocido como ‘rubro’, un precedente aplicable por analogía a situaciones similares. Eso no es plagio; es el uso correcto de la jurisprudencia”, aclaró.
Destacó que el gobierno de Oaxaca, llegó a acuerdos con los trabajadores afectados, ya sea a través de indemnizaciones o por la reubicación en plazas similares.
Rechazó discriminación, acuerdos a espaldas de los trabajadores y que, no se tomará en cuenta a los grupos vulnerables.
El funcionario expuso la disyuntiva legal a la que se enfrentaron: aplicar el ius puniendi, es decir, la vía coercitiva y sancionadora del Estado, o buscar una solución administrativa y negociada. “Optamos por la supresión de bases con las salidas que contempla la ley: la reubicación o la indemnización”, aseguró.
Vásquez Sagrero reiteró que el gobierno actuará con firmeza y transparencia para garantizar el orden y la legalidad. “En la mesa de diálogo hemos escuchado sus argumentos y se les ha explicado el procedimiento. El gobierno no actuará con arbitrariedad, pero tampoco cederá ante la presión política. La ley es clara y se está aplicando”, concluyó.
