Jaime GUERRERO | EL PIÑERO
Oaxaca, México.- El Secretario General de Gobierno, Jesús Romero López, reveló que muchos de los actores (triquis), pese hay reserva de información, han recibido inmensos recursos por medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): más de 70 millones de pesos, en acciones de viviendas, apoyos alimentarios, vehículos.
En entrevista con el director de Organización Radiofónica de Oaxaca, Humberto Cruz, argumentó que el operativo de desalojo se motivó porque 124 puestos que se encontraban en la parte frontal del palacio de Gobierno, fueron removidos a partir de la construcción de un dialogo y acuerdos entre el gobierno federal, estatal y municipal, para encontrar una solución al comercio fijo y ambulante.
Romero López, rechazó que se ejerciera un acto de autoritarismo y aclaró que el autoritarismo prevalece cuando sin razón y fundamento social, político y legal, se hace uso de la fuerza pública de manera irracional, se utilizan los instrumentos que la propia ley tiene para cometer arbitrariedades contra los ciudadanos.
El nuevo responsable de la política interna de la entidad, refirió que hace unos días, el gobernador, Salomón Jara Cruz, instruyó un diálogo con organizaciones sociales que aceptaron replegarse del zócalo y corredores del palacio, para encontrar alternativas.
Ese mismo diálogo se ofreció con personas triquis que se asumen como desplazados de San Juan Copala, pero a diferencia de otros actores sociales y comerciantes, se negaron a dialogar y construir una ruta de reubicación para revisar el comercio y para garantizarles un refugio para ellos y sus familias, así como garantizarles sus derechos que tienen como personas de pueblos y comunidades indígenas.
“Hubo una cerrazón total y tremenda”.
Romero López, refirió que recibieron una petición del gobierno municipal para el operativo y se le solicitó una acción conjunta que, a través del diálogo que encabezó la Secretaría General de Gobierno, se les pidió a los triquis retirarse.
Se les ofreció un albergue, se negaron, trataron de confrontar a la fuerza pública estatal, agredieron a policías e inspectores.
Sin embargo, aseguró que se determinó un protocolo y las medidas que la propia ley establece, protegiendo la integridad de niños, adultos mayores, de mujeres para realizar un retiro de los productos que ellos comercializaban ahí y que llevaban 12 años en ese espacio que fue creciendo hasta apropiarse de toda la parte frontal y lateral del palacio.
Se convirtió en un mercado la parte baja del palacio de gobierno.
Y es que también existe un documento emitido, desde 2013 de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se niega a 135 personas Triquis de Oaxaca ampliar “medidas cautelares” para exhortar al Estado Mexicano” para venta de artesanías en corredores de Palacio de Gobierno de Oaxaca.
Por lo pronto, Romero López, aclaró que el gobierno que encabeza, Salomón Jara Cruz, no busca ni utilizará la fuerza pública, sin embargo, en el caso del plantón de los triquis, se le dio cobertura al gobierno municipal para retirar con orden y derechos humanos.
Afirmó que la plaza publica estará abierta a las y los oaxaqueños, incluso a la protesta social, “pero a la protesta social legitima, la exigencia de los pueblos y gremios”, pero NO la vendimia, no al comercio informal que se ha vuelto un modus vivendi que se ha vuelto para muchos, excusándose en cuestiones que le han sido solventadas.
Reveló entonces que muchos de los actores (triquis), pese reserva de información, han recibido inmensos recursos por medidas cautelares emitidas por la CIDH: más de 70 millones de pesos, en acciones de viviendas, apoyos alimentarios, vehículos.
“Estos ya era intolerable y el gobierno entrante tomó esta determinación con el municipio y logró construir un acuerdo con muchas organizaciones que ya se retiraron, pero se va trabajar con ellos y el municipio para reubicar el comercio en la vía pública”.
En el caso de los triquis, rentan los espacios y fue imposible dialogar.
Romero López, rechazó que se ejerciera un acto de autoritarismo y aclaró que el autoritarismo prevalece cuando sin razón y fundamento social, político y legal, se hace uso de la fuerza pública de manera irracional, se utilizan los instrumentos que la propia ley tiene para cometer arbitrariedades contra los ciudadanos.
En el caso del gobierno de Jara Cruz, afirmó que nunca usará la fuerza pública contra el pueblo, manifestaciones sociales, la legitima exigencia de los maestros, comunidades, periodistas.
Argumentó que se echa mano de facultades legales cuando existen ilegalidades.
No obstante, aseguró que la mano está extendida a esos ciudadanos y ciudadanas para que de manera pública y en una mesa se hable de las situaciones que señalan de ser desplazados, no tener vivienda o no tener dónde vivir.Y es que aseguró que hay información de primera mano, donde muchos de esos argumentos (de las personas triquis) se pueden comprobar fehacientemente que, son falsos.
“Hay viviendas, hay posesiones, hay propiedades, tienen vehículos y realizan la venta de artesanías, como una actividad comercial que les ha permitido un modo de vida”.
En el caso del bloqueo de Santa Maria del Tule, aclaró que se ha diálogado con los grupos inconformes y lamentablemente hay una situación con Pemex y tiene que establecerse una mesa de diálogo con esa dependencia federal porque el gobierno de Oaxaca está imposibilitado a darles solución pero están abocados para ser intermediarios porque no se afecta al gobierno cuando se bloquea una carretera, se afecta al pueblo.
Llamó a la reflexión a los pobladores del Tule y sentarse a la mesa conseguida ante el Gobierno Federal y PEMEX.
