Washington, D.C.— La administración del presidente Donald Trump implementó una nueva directriz que permite ejecutar deportaciones en tan solo seis horas, bajo una política conocida como deportación exprés. Esta medida fue oficializada el 9 de julio a través de un memorándum firmado por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y marca un endurecimiento en el trato hacia personas migrantes.
La norma sustituye el plazo anterior de 24 horas entre la notificación y la expulsión a un tercer país, lo que genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos, ya que los migrantes podrían ser removidos sin acceso real a un abogado ni garantía de condiciones seguras.
Aunque el documento oficial señala que los afectados podrán comunicarse con un representante legal, también contempla la posibilidad de aplicar la expulsión inmediata en “circunstancias apremiantes”. Esto ha despertado alarmas entre defensores legales, que señalan que se pone en riesgo a personas vulnerables, al permitir su traslado a países que no son de origen, ni ofrecen garantías plenas de protección.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración ya presentó una demanda colectiva contra la medida. Su abogada, Trina Realmuto, advirtió que la política “elimina el debido proceso y vulnera derechos fundamentales”.
Esta política fue posible gracias a una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en junio anuló una restricción judicial previa. A partir de ese fallo, el gobierno federal reactivó las expulsiones rápidas, incluso después de haber sido señalado por ignorar órdenes judiciales, como ocurrió en mayo con un vuelo hacia Sudán del Sur que incluía personas de nacionalidad mexicana y cubana.
Desde la resolución judicial, el gobierno estadounidense ha intensificado las expulsiones a terceros países. Ocho migrantes fueron deportados a Sudán del Sur en junio. También se ha presionado diplomáticamente a países africanos como Senegal, Gabón, Liberia, Guinea-Bissau y Mauritania para que acepten migrantes que no son originarios de sus territorios.
Durante su primera administración, Trump ya había promovido acuerdos bilaterales con países como Guatemala para deportar migrantes centroamericanos. Con la reactivación de la deportación exprés, se retoman esas prácticas, como evidencia el caso de Kilmar Abrego García, residente en Maryland, quien fue deportado a El Salvador pese a no ser su país de origen. Su caso forma parte de la demanda colectiva.
Expertos advierten que esta política endurecida tendrá implicaciones legales, diplomáticas y humanitarias, especialmente para personas en situación de asilo o vulnerabilidad.
