Por: Eugenio GONZÁLEZ | El Piñero
Tuxtilla, Veracruz.— La tensión social volvió a encenderse en este municipio de la Cuenca del Papaloapan. Cientos de habitantes salieron a manifestarse este lunes en contra del gobierno municipal encabezado por Leidy del Carmen Vergara Andrade, luego de que la administración anunciara la suspensión total de servicios administrativos, asistenciales, de seguridad y operativos, argumentando un clima de inseguridad que, según la autoridad, se mantiene desde el pasado 1 de junio, día de las elecciones municipales.
Sin embargo, para los pobladores, el argumento oficial es solo un reflejo del fracaso institucional y del desgaste político que vive el municipio desde aquella jornada electoral marcada por la violencia, el incendio del palacio municipal y la desconfianza en los resultados.
En las elecciones del 1 de junio, el Tribunal Electoral de Veracruz ratificó el triunfo de Bertha Reyes Solano, candidata de la coalición Morena-PVEM, pese a los disturbios y denuncias de irregularidades. Desde entonces, la inconformidad social no ha cesado.
El fuego, las protestas y los bloqueos fueron el inicio de una fractura que hoy mantiene a Tuxtilla en un vacío de autoridad: el gobierno en funciones opera desde la Casa de la Cultura, mientras el Palacio Municipal sigue tomado, y la población divide su confianza entre facciones políticas enfrentadas.
El 17 de octubre, la presunta privación ilegal de la libertad de Aldo Muñoz desató una nueva ola de protestas. Los habitantes, en un acto de presión, retuvieron a los policías municipales hasta garantizar la liberación del ciudadano.
El hecho terminó sin heridos, pero evidenció el colapso del orden local: la población ya no confía en la autoridad, y la autoridad teme salir a las calles.
La versión oficial sostiene que los inconformes son responsables del “clima de inseguridad”, pero la población replica que el gobierno abandonó sus funciones y dejó al municipio a la deriva.
Tuxtilla vive una situación excepcional: sin servicios, sin seguridad y con un conflicto político sin resolver. El ayuntamiento reconoce que las condiciones “han rebasado sus facultades”, mientras los pobladores acusan que la administración utiliza la inseguridad como pretexto político para victimizarse.
Con una lista nominal de apenas 2,026 votantes, Tuxtilla se ha convertido en el símbolo de cómo la violencia electoral, la desconfianza institucional y el desdén político pueden destruir la gobernabilidad en un municipio rural.
En esta región donde convergen el abandono estatal y la rivalidad partidista, Tuxtilla representa una advertencia: cuando el poder se aleja de la gente, el pueblo se organiza, pero también se radicaliza.
Y mientras la justicia electoral dicta resoluciones desde Xalapa, en la Cuenca los ciudadanos siguen viviendo entre el miedo, la impunidad y la ausencia de gobierno.
